Este lunes (3 de febrero), familiares de Berta Cáceres conjuntamente con organizaciones defensoras de derechos y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) marcharon al Ministerio Público con sede en Tegucigalpa, la capital hondureña. Allí exigieron respuestas y que se accione contra los responsables intelectuales del asesinato de la referenta indígena y ambientalista.
Aunque en diciembre pasado ya fueron condenados a penas de 30 a 50 años de prisión siete de los ocho acusados de ser los autores materiales del hecho, los familiares y las organizaciones argumentan que, como se afirmó en la sentencia, el asesinato fue producto de los intereses de ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA).
“Creemos que es motivo suficiente para que ya hayan acciones contundentes y reales”, manifestó al respecto Berta Zuñiga, hija de Berta Cáceres. A su vez, denunció que no existe una voluntad política para sancionar la autoría intelectual del crimen.
Por su parte, ante el silencio de las autoridades, desde COPINH difundieron un comunicado donde afirman que “este ha sido tiempo prudente y suficiente para que el Estado de Honduras, a través del Ministerio Público, tuviese deducidas las responsabilidades e implementado acciones legales para sancionar a esta estructura criminal”.
El mensaje apunta a miembros de la familia Atala que permanecen sin castigo por haber planificado “la ejecución del crimen” para “frenar la lucha de Berta Cáceres y de COPINH en defensa del Río Gualcarque”.
Berta Cáceres era una de las máximas referentas en la defensa de los derechos humanos, específicamente de los indígenas hondureños, a través de la organización del COPINH, que lideraba. En 2013 había sido encarcelada por haberse enfrentado al proyecto de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, que implicaba el desplazamiento forzoso de las comunidades lencas habitantes en las zonas aledañas del Río Gualcarque.
Fue asesinada a tiros en su propia casa el 2 de marzo de 2016. En los días previos había encabezado una conferencia de prensa en la que alertó acerca de las amenazas a su vida y el crimen de varios líderes de las comunidades indígenas. Por eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.
Esta maestra de 43 años había recibido el prestigioso Premio Ambiental Goldman para el Sur y Centroamérica en el año 2015 por su lucha en defensa de los territorios de las comunidades indígenas.
Fuente: Notas
