A 25 años de la Defensa del Mar contra CELCO

A 25 AÑOS DEL CONFLICTO ENTRE CELCO Y LA DEFENSA DEL MAR

¡FUERA FORESTALES Y CELULOSAS DE TODOS LOS TERRITORIOS!

A quienes defienden el buen vivir:

Desde contexto y territorio mapuche lafkenche, queremos manifestarnos como defensores de nuestros derechos fundamentales y comunicarles a hermanos y hermanas, mujeres, hombres, niños, niñas, adultos mayores y jóvenes acerca de la firme resistencia que venimos sosteniendo por un cuarto de siglo.

Desde 1996 la empresa transnacional Celulosa Arauco y Constitución ha irrumpido violentamente buscando realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que avale la construcción de un ducto para evacuar los desechos químicos de la Planta Valdivia (San José de la Mariquina) en la bahía de Maiquillahue y la playa de Mehuin. En complicidad con el Estado de Chile, los gobiernos de turno (1996-2021) y la institucionalidad ambiental, Celco ha intentado en distintas oportunidades invadir con su proyecto este territorio ancestral y contaminar el mar, utilizando como estrategias la desinformación, la desintegración del tejido social y el sicariato.

Hemos defendido el mar no como un movimiento medioambientalista, sino que como habitantes que se vinculan con su territorio desde una integralidad, donde el idioma, la medicina, la espiritualidad, la alimentación y la economía sustentable local, entre otros elementos, son esenciales para desarrollarnos en bienestar. Es así que nos identificamos como una resistencia de carácter intercultural, pues la construye tanto el pueblo-nación mapuche como la sociedad chilena. Esta interculturalidad, sin embargo, dista de la propuesta paternalista del Estado: practicamos la autonomía, es decir que como habitantes de este territorio tomamos las decisiones que le conciernen, y es gracias a eso que hemos logrado mantenerlo a salvo todo este tiempo.

Han sido 25 años de defensa, de resistir a todas las caras de la violencia estatal, empresarial y policial operando en conjunto. ¿Cuánto tiempo más debe pasar hasta que veamos el fin de este conflicto? En el presente observamos con atención el proceso de la Convención Constitucional, que como órgano del Estado debe saber responder y hacerse cargo del corrupto conglomerado que éste ha formado con el gran empresariado. Acabar con los mecanismos que permiten políticas que favorecen de forma sistemática al capital es obligatorio para poner término a los conflictos que vivimos en los territorios.

Hoy hacemos memoria de una lucha histórica, en un país donde defender el buen vivir significa persecución y criminalización. Nos hemos enfrentado a los seres, las corporaciones y las instituciones más siniestras de la política y el poder económico chileno, quienes han tratado por todos los medios quebrar nuestra voluntad y hacer desaparecer nuestro estilo de vida. Somos defensores y defensoras de las aguas y la tierra, de un mar libre y limpio, de este territorio que sostiene la vida biodiversa, de nuestra memoria e identidad.

Por eso, como en numerosas ocasiones hemos dejado en evidencia, reafirmamos que:

CELCO es una empresa ECOCIDA, ILEGÍTIMA y CORRUPTA que debiese estar FUERA de todos los territorios, porque depreda los ecosistemas y empobrece a las comunidades en función de intereses económicos mezquinos y criminales.

El Estado de Chile VIOLA los derechos fundamentales de todo cuanto habita este amplio y diverso territorio, sirviendo a un modelo de mal desarrollo, saqueo y devastación, donde el negocio forestal y de la celulosa es uno de los bastiones del capitalismo extractivo.

El poder político-represivo ha sido implacable en arremeter y no escatimar ningún recurso al servicio del grupo Angelini. Nuestro territorio ha sido militarizado en distintas oportunidades a lo largo de estos años, mientras Celulosa Arauco ha perseguido y amenazado la vida de nuestros defensores, haciendo todo lo posible para aplicarnos la Ley Antiterrorista. Es una empresa sucia, y no solo por utilizar las formas más bajas de hostigamiento, sino que también por ser responsable de una seguidilla de desastres ecológicos con costos altísimos para los ecosistemas y las comunidades:

En Licanten, río Mataquito, con la Planta Licancel; en el Golfo de Arauco, con la Planta Horcones; en el río Itata, en Ránquil, con la Planta Nueva Aldea, además de la contaminación del río Cruces y el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, en 2004 y en 2014, por la descarga de los residuos de la Planta Valdivia.

Celco ha demostrado ser una empresa sin escrúpulos, que ha incurrido en múltiples ilegalidades dentro de una normativa ambiental débil y permisiva. Es por eso que en estos últimos años de conflicto hemos tenido que recurrir a un armazón jurídico que nos permita bloquear sus acciones y, a la vez, blindar el territorio por agua y por tierra. Así, las leyes: 19.253, de tierras indígenas; 20.249 o Lafkenche, de espacios costeros marinos de pueblos originarios; de Pesca, con las áreas de manejo de la pesca artesanal, de Monumentos Nacionales, más el Convenio 169 de la OIT, son las que operando en conjunto nos mantienen resguardados del ingreso de Celulosa Arauco.

En 2011 demandamos al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por vulnerar la consulta indígena y por la violencia física, psicológica, simbólica e institucional que ha ejercido contra nuestras comunidades en favor de la empresa. Hasta la fecha no ha respondido y la comisión no ha emitido una resolución. Pese a esto, sabemos que con las herramientas que estamos utilizando este conflicto debería terminar a la brevedad, porque Celco y el Estado no tienen más argumentos ni mecanismos a los que recurrir.

Estos 25 años de defensa han traído diferentes consecuencias para las vidas de quienes habitamos esta costa. El balance, sin embargo, es positivo: un mar libre de contaminación, alimentos sin tóxicos y un aprendizaje invaluable sobre la lucha por el territorio, que es al mismo tiempo una lucha cultural por la autonomía.

Nuestra voluntad está en mantener a Celulosa Arauco lejos del Lafkenmapu de una vez y para siempre, por lo que hacemos un fuerte llamado a no dejarse engañar por las trampas de la empresa y el poder político, y fortalecer los compromisos individuales y colectivos con la defensa del mar, el territorio y su biodiversidad.

Fuente: Comité de Defensa del Mar

Julio de 2021

Rescatando nuestra memoria histórica: a 25 años del conflicto entre Celco y la Defensa del Mar

Porque creemos que es fundamental NO OLVIDAR, queremos compartirles una cronología de este cuarto de siglo defendiendo nuestro territorio:

Por un mar sin contaminación: no al ducto (1996-1998)

Junio de 1996: técnicos de Celco ingresan a Mehuin con la intención de hacer mediciones en el mar y la playa, para realizar el EIA que respalde la construcción del ducto. Llegan a través de engaños, diciendo que su objetivo es mejorar la infraestructura de la barra (desembocadura del río en el mar).

Junio de 1996: se conforma el Comité de defensa de Mehuin, que agrupa a distintas organizaciones sociales –pescadores, comerciantes, bomberos, juntas de vecinos, representantes de iglesias, coordinadora de comunidades lafkenches–, desde Corral, Mehuin, Queule y Toltén.

Julio de 1996: comisión de comunidades lafkenche y pescadores artesanales viaja a Santiago para manifestar el rechazo al ducto a Vivianne Blanlot, directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Medioambiente (CONAMA), institución que aprobó la viabilidad ambiental del proyecto y la realización del EIA.

Julio a noviembre de 1996: en varias ocasiones, técnicos de Celco intentan ingresar de noche y escoltados por la Armada para tomar mediciones, siendo expulsados hasta las afueras de Mehuin. La estrategia de las y los defensores del mar consiste en impedir que la empresa realice los estudios que permitirían comprobar la factibilidad del ducto, activando una vigilancia constante por mar y tierra.

Octubre de 1996: Asociación de Dueños de Camiones de la Provincia de Valdivia inicia campaña de apoyo a la construcción de la planta en San José de la Mariquina, bajo el lema: “sí al desarrollo sustentable, sí a la planta de celulosa”.

Entre finales de 1996 y 1997: El entonces presidente, Eduardo Frei; el gobernador de Valdivia, Jorge Vives; el Intendente de la región, Rabindranath Quinteros; parlamentarios y personalidades del mundo académico y científico entregan su apoyo a la planta, afirmando que no supone ningún tipo de contaminación ni daño ecológico y que es una “explosión de desarrollo” para Valdivia y el país.

Entre 1996 y 1998: fuerte hostigamiento policial, político y empresarial. Militarización del territorio con presencia de carabineros y Armada de Chile (marinos) por aire, mar y tierra.

3 de enero de 1998: Victor Renner Berry, gerente del proyecto Valdivia, por medio de una carta dirigida al intendente, afirma que las mediciones no son necesarias para la certificación ambiental, pues se trata de un “efluente no tóxico y de rápida dilución”; aun así, anuncia que iniciarán el programa de mediciones en la bahía de Mehuín el 12 de enero, y le solicita contar con los “resguardos necesarios por parte de la autoridad correspondiente”.

12 de enero de 1998: 200 embarcaciones de Queule, Mehuin, Mississipi, Maiquillahue y Chanchan (1000 pescadores), y más de 1000 personas en tierra expulsamos la embarcación y a los técnicos de Celco del mar.

Celulosa Arauco: un ecocida en la impunidad

Luego de este hecho y ante la férrea defensa de la bahía de Maiquillahue, el gobierno acuerda con la empresa una nueva alternativa: descargar los residuos en el Río Cruces, incorporando el tratamiento terciario.

La planta inicia su funcionamiento en enero de 2004 y en octubre de ese mismo año se hace evidente el desastre ecológico en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, con la migración y muerte masiva de los cisnes de cuello negro y otras especies protegidas, debido a la intoxicación con metales pesados como hierro y aluminio. Es así como este caso se suma a los desastres ambientales provocados por la Planta Licancel, en Licanten, río Mataquito (1999, 2007, 2008); Planta Horcones, en el Golfo de Arauco (2004); Planta Nueva Aldea, en Ránquil, Valle del Itata (2005); y Planta Constitución, en Constitución, todas de propiedad de Celulosa Arauco.

Grandes protestas se activaron en Valdivia y en todo el país, mientras Celco detuvo su funcionamiento solo por pocos meses, para luego continuar con normalidad, siendo respaldado por el gobierno y las instituciones ambientales. En junio de 2005, Ricardo Lagos visita Valdivia y, al estilo de un gerente de la empresa, dice que la solución definitiva es expulsar los desechos al mar.

Segunda arremetida: la guerra sucia de la alianza Estado-Celco (2005-2008)

Esta provocación motivó nuevamente, y en forma inmediata, hacer todos los preparativos para resistir. A pocos días del anuncio nos convocamos masivamente en Queule, con compañeros y compañeras de Puerto Saavedra, Toltén, Chanchan, Corral, Bonifacio, Niebla y todo este territorio lafkenche. Organizados ahora en torno al Comité de Defensa del Mar, el compromiso fue uno solo: luchar y defender hasta las últimas consecuencias. Volvimos a desobedecer abiertamente la legislación ambiental chilena, impidiendo la realización de estudios por parte de la empresa.

Coordinamos y propusimos el control territorial con guardias permanentes día y noche en los distintos puntos de entrada a Mehuin: lanchas y botes custodiando la costa, vigilancia desde los cerros y cortes de ruta a manos de las mujeres organizadas. Con la logística en tierra a cargo de las mujeres de los pueblos, se activaron guardias en la playa, las ollas comunes, la gestión de las comunicaciones y la organización de manifestaciones.

Esta vez, el poder político-represivo fue implacable en arremeter y no escatimar ningún recurso al servicio de la empresa. Se reinicia el hostigamiento policial, la militarización, cortes de luz por toda la zona para obstaculizar nuestras comunicaciones. Así, el 6 de septiembre de 2006 tiene lugar la gran batalla en contra de barcos de Celco y la Armada de Chile, que trajo naves desde Puerto Montt, Valdivia, Talcahuano y Valparaíso. Ese día utilizaron sus armas para disparar a nuestras pequeñas embarcaciones, protegiendo los intereses del grupo Angelini. Fue una batalla intensa, con personas heridas de ambos lados, pero logramos expulsar a los invasores de estos tiempos actuales.

Sin embargo, al no poder avanzar con la construcción del ducto, Celco profundiza su guerra sucia, logrando, en octubre del 2007, comprar las voluntades de los sindicatos de pescadores y de algunos lafkenche, a través de un acuerdo económico para que abandonen la defensa. A partir de este punto, la resistencia da un giro estratégico.

Blindaje territorial (2008-presente)

La empresa recrudece la persecución a quienes defendemos el mar, comenzando a atacar de forma más personalizada. Instala el temor y la división, y hace todas las provocaciones posibles que permitan aplicarnos la Ley Antiterrorista.

Con el fin de bloquear su avance y proteger por agua y por tierra, nos anticipamos en tiempo y espacio recurriendo a las herramientas jurídicas a nuestro favor. Es así que blindamos el territorio con la Ley 19.253, de tierras indígenas; la Ley 20.249 o Ley Lafkenche, de espacios costeros marinos de pueblos originarios; la inscripción de derechos de aprovechamiento de aguas en la DGA; la Ley de Pesca y las áreas de manejo (5 millas marítimas) de la pesca artesanal; la Ley de Monumentos Nacionales y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

De esta forma, y aunque en febrero de 2010 Celco presenta un falso EIA (nunca pudo hacer las mediciones) que es aprobado por la COREMA de Los Ríos, la situación no cambia en la práctica, porque no disponen de un espacio físico donde instalarlo, debido al blindaje por mar y tierra que posibilitan las leyes mencionadas. Esto es así hasta el presente.

En 2011 demandamos al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por vulnerar el derecho a la consulta indígena y por la violencia física, psicológica, simbólica e institucional que ha ejercido contra nuestras comunidades en favor de la empresa. A fecha de hoy, el Estado sigue sin responder y la comisión no ha emitido una resolución.

Fuente: Comité de Defensa del Mar

Julio de 2021