Los defensores ambientales Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo, continúan viviendo criminalización y persecución en la región del Biobío. Desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), respaldamos a Camila y Arnoldo frente al fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Concepción, y el cual constituye a nuestro juicio, un peligroso precedente de censura y hostigamiento judicial hacia quienes tienen una postura crítica ante el extractivismo.
Según la acción legal, se les acusa de gestionar una cuenta de Instagram (@Keuleresiste) desde la cual se habrían difundido publicaciones críticas hacia la empresa y sus representantes. Sin embargo, la propia Corte, en su fallo del 26 de mayo de 2025, reconoce que “no existe ningún elemento de juicio que permita ponderar algún tipo de relación de dominio con las referidas cuentas”, pero de forma contradictoria establece que habrían replicado contenidos sin aportar prueba concreta de ello. Aún así, ordena la eliminación de publicaciones y la abstención de futuras manifestaciones.
Apelación ante un fallo injusto
En este marco de ideas, la defensa compuesta por la abogada Antonia Figueroa y el abogado Cristian Urrutia apelaron a la Corte Suprema, indicando que el fallo anterior infringe el principio de congruencia procesal, vulnera el debido proceso y se basa en una errónea valoración de la prueba, ya que no existe un nexo entre los defensores ambientales acusados y la administración de dicha cuenta de red social, ni alguna prueba que acredite su participación. “Estamos ante un uso abusivo del recurso de protección, cuya finalidad es silenciar la disidencia frente a un proyecto extractivo cuestionado y aún sin resolución ambiental”, como se indica en la defensa.
Camila Arriagada, reconocida dirigente social en la localidad, manifestó en un reciente punto de prensa, que esta acción constituye una señal de amedrentamiento a quienes defienden el territorio: “No vamos a bajar los brazos. Este proyecto ha sido evaluado negativamente por su falta de rigurosidad, y ha intentado disfrazarse de minería verde. Sabemos que no lo es, y por eso nos persiguen”. Arnoldo Cárcamo, por su parte, alertó sobre el peligro ambiental real que implicaría la actividad minera en la zona: “Quieren silenciarnos para que no digamos la verdad sobre los impactos que tendría en los ecosistemas locales”.
En este sentido, en Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), compartimos la preocupación de las organizaciones y colectividades que defienden sus territorios, frente a este uso de instrumentos jurídicos para amenazar a los y las habitantes que se levantan contra proyectos extractivistas que impactaran negativamente los ecosistemas y a las comunidades.
Recordamos que la libertad de expresión, tiene una protección especial en el marco de tratados internacionales que ha ratificado el estado chileno como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú.
Sin duda, rechazamos la judicialización de la protesta y nos sumamos a más de 250 organizaciones y personas que a nivel nacional e internacional, expresaron su apoyo a Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamos.
De igual forma, hacemos un llamado a la Corte Suprema, a revertir el fallo que se conoció anteriormente y considere el recurso de apelación, ya que está en riesgo la democracia y los derechos de las personas que pueden opinar libremente sobre proyectos que son un riesgo para sus vidas y las de su entorno.
Declaración en SOLIDARIDAD CON DEFENSORES/AS AMBIENTALES, FRENTE A LA PERSECUCIÓN Y AMEDRENTAMIENTO DE MINERA “ACLARA” EN PENCO
¡Es momento de alzar la voz y respaldar a quienes están siendo perseguidas/os por proteger los territorios!
¡No a la criminalización de la defensa ambiental!
Fuente: Comunicaciones OLCA