Como OLCA, a una semana de conocida la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y luego de 20 años de acompañamiento a las diversas organizaciones de la comuna de Alto del Carmen en su inclaudicable proceso de defensa del Valle del Huasco, creemos que hay cuestiones que deben ser relevadas de cara al despertar social y ecológico de las comunidades y a la agenda de reactivación extractivista que promueve el gobierno y la élite político empresarial del país.
La megaminería no es Sustentable. Cuando las comunidades hacen seguimiento acucioso de las condicionantes de las autorizaciones ambientales, se demuestra que éstas no pueden ser cumplidas. El hábito de comprometer lo que sea para lograr la autorización y después hacer lo que se puede, total no hay fiscalización, termina cuando las comunidades no bajan los brazos ante las aprobaciones y despliegan mecanismos comunitarios de fiscalización, cuestiones que sin duda afectan los vínculos y socaban las bases del tejido social.
Aquello de que la Justicia tarda pero llega, debe ser comprendido en todos sus alcances, el proceso fallado recientemente se inició en el 2013 y fue imprescindible persistir en su monitoreo. No basta con presentar las acciones, hay que darles seguimiento, permanecer alertas, hay demasiados intereses en juego como para buscar los descuidos y archivar las causas o modificar sus rumbos.
Estas luchas solo se ganan logrando la solidaridad y articulación con otras y otros. Es imposible pensar en un triunfo en solitario, de ahí la necesidad de diseñar estrategias multinivel y multiactoral. En este sentido destacamos las coordinaciones y articulaciones con otras organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Por ejemplo, con la colaboración de organizaciones canadienses se pudo monitorear el accionar de Barrick Gold en su país de origen; los lazos con organizaciones argentinas permitieron coordinar la gestión del conflicto al otro lado de la cordillera del primer proyecto binacional del mundo. Por otra parte, la colaboración de grupos voluntarios en diversos medios de comunicación comunitarios o más formales, de organizaciones vecinales y locales, de organizaciones ambientales, feministas, estudiantiles o poblacionales; los procesos de conexión con la raíz diaguita y todas las conexiones, acciones y posibilidades que aquello trajo consigo; la información brindada por funcionarios de la administración del Estado; el asesoramiento de diversas y diversos académicos, científicos, técnicos y profesionales, todo esto puesto en el concierto fiscalizatorio y agitativo se tradujo en aportes invaluables para la estrategia territorial.
La permanente difusión de las acciones y movilizaciones sociales y territoriales, se logró por un consistente trabajo de prensa, pero también por la enorme red de afectos y protagonismo colectivo que se tejió durante los 20 años, procurando involucrar significativamente diversas capacidades. A nuestro entender esta es una manera acertada de enfocar el activismo.
La trascendencia socioambiental y política de este proceso de resistencia va más allá del valle del Huasco y la región de Atacama. Desde este conflicto comenzaron las primeras articulaciones comunitarias por la protección y defensa de los glaciares; desde aquí se expandió la preocupación y conciencia por los ecosistemas hídricos amenazados por la megamineria química, entendiendo cada parte de ellos como una unidad integrada pese a la dispersión y a la fragmentación del abordaje institucional. Las primeras movilizaciones callejeras masivas por temas ambientales tienen su origen en este proyecto. Es decir, esta lucha es sin duda emblemática en la comprensión del rol del protagonismo comunitario para frenar los proyectos letales que se quieren imponer. En definitiva, este triunfo pone en cuestión la proclama de ser Chile por naturaleza “un país minero” y más aún que la “minería es el sueldo de Chile”, expresiones que la élite política financiada por la industria extractivista ha inoculado desde hace décadas. Poner esto en cuestión en el marco del proceso constituyente, resulta del todo relevante.
La lucha no termina. Ciertamente, el fallo que decretó la clausura total y definitiva del proyecto Pascua Lama es histórico y la lógica administrativa y judicial subyacente es esperanzadora, pero la presión social, ambiental y política debe continuar. Hay que fiscalizar el plan de cierre, hay que bregar porque se inviertan en acciones e iniciativas reparatorias de los daños ocasionados a las comunidades y al medio ambiente, partiendo por recuperar el agua que en su momento fue otorgada gratuitamente a la transnacional, y que ahora debe ser asegurada para la vida de uno de los valles más amenazados por la desertificación y la sequía, demostrando de paso lo aberrante e insostenible del modelo hídrico y el Código de Agua que nos rige y la necesidad imperiosa de una ley que proteja todos los glaciares.
Estamos contentas, contentos y sentimos orgullo de todo lo aprendido y compartido. Éste, quizás más que otros procesos comunitarios que hemos acompañado, por su extensión en el tiempo, el cuestionamiento al extractivismo y la convergencia multiactoral lograda, nos reafirma la certeza de que pese a la asimetría, al abuso institucionalizado, a la fragilidad de nuestros tejidos sociales, al hábito de delegar en los expertos, cuando las voluntades se articulan en la defensa de la vida, la vida triunfa.
Fuente: Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
