Desde los años 90, cuando vino la ola privatizadora de Eduardo Frei, las APRs decidieron luchar y generar un marco normativo que les permitiera mantener su estatus comunitario y territorial. Es decir, la ley cuyo reglamento fue promulgado a fines del 2020, en plena pandemia, no nació porque el sistema no funcionara, sino porque había que protegerlo de los zarpazos privatizadores.
Durante décadas, los y las dirigentes fueron haciendo existir ante parlamentarios que no eran campesinos y que no saben cómo operan los comité de agua potable en la ruralidad, las diversas consideraciones que había que tener para que el marco normativo y la realidad dialogaran de la forma más armónica posible.
Sin embargo, a juzgar por los resultados, no se escuchó al campesinado y otra vez ganó la arrogancia del modelo neoliberal, pues la ley en la práctica, explicitada en su reglamento, hace exigencias no requeridas en 40 años de gestión y por demás no factibles en los territorios, lo que terminará entregando la infraestructura pública que abastece de agua a 1800 comité a lo largo de todo Chile, la misma que ha sido construida y administrada vecinalmente, en propiedad a las sanitarias transnacionales, esas que han hecho mal su trabajo en las ciudades y que solo han lucrado con el patrimonio colectivo.
Las alertas se prendieron cuando en noviembre de 2020 llegó la exigencia absurda de que todas las APR entregaran boleta electrónica ¿Cómo si no hay internet? ¿Para qué complican la vida de dirigencias agotadas que le hacen la pega al Estado sin recibir ni un peso a cambio?, fueron las reacciones más comunes, y luego de reuniones e incertidumbres se logró la prórroga por un año de la medida… tiempo suficiente para darse cuenta de que eso era solo el comienzo de un asedio impulsado por la nueva ley: Las y los campesinos para mantener a flote sus comités van a tener que hacer manuales de servicio al cliente, manuales de agua potable, manuales de alcantarillado, registro de operadores, registro de tarifas, integrar consejos consuntivos regionales y nacionales, y otra serie de inútiles exigencias, las que si son incumplidas dan pie para la intervención de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, que las derivará a otra APR o las entregará a otro actor competente. El problema es que por ley las sanitarias son el único actor competente en este materia, y en cada región hay solo una… es decir es una privatización encubierta. De ahí se explican los dichos de Esval y otras sanitarias de incorporación de la ruralidad en sus redes.
Las APRs conocen a las sanitarias, por ley se les obligó a ser supervisadas por ellas, como siempre el conocimiento local es despreciado y se pone “a quien sabe” a fiscalizar que todo se haga bien. Pero estas “asesorías”, para lo único que han servido es para privatizar progresivamente la lógica comunitaria que las sostenía, imponiendo el cobro de multas por inasistencia a las reuniones, tecnificando los temas, ninguneando las dinámicas propias de solución de conflictos, aún cuando es sabido que cuando se rompe una matriz en una localidad, o no alcanza el agua, o falta un repuesto, ahí no está la asesoría, ahí tiene que apechugar el saber local, avasallado por los gobiernos.
Como está, la ley no puede implementarse, no puede materialmente porque estamos en pandemia y no son incumplibles los requisitos para el traspaso de APR a Servicio Sanitario Rural, no hay capacidades instaladas para imponer el nuevo modelo, lo que se demuestra por ejemplo en que 1000 de las 1800 APRs no tienen acceso a internet. Pero sobre todo, la ley no puede aplicarse porque no responde a las necesidades campesinas, sino de un puñado de transnacionales, y en Chile ya sabemos que es mentira que la única solución es privatizar. Si una APR después de 40 años de abastecer de agua a su comunidad tiene problemas, hay que fortalecerla, no privatizarla.
Que en los 90 cayéramos en la trampa, recién estrenado el modelo neoliberal, puede lamentarse y hasta entenderse, pero que se pretenda que luego del estallido social que devela el fracaso del modelo, sigamos aguantando su profundización a costa de la vida en la ruralidad, es un atentado a la inteligencia y al bien común. De hecho, las APR son una muestra evidente de la capacidad de gestión comunitaria de las aguas que hay en los territorios, tema clave en el proceso constituyente que no puede tener leyes de amarre como la 20998.
Ahora es cuando debemos demostrar que sabemos defender lo nuestro, despertar la asociatividad despreciada por el individualismo, y articular esfuerzos para desobedecer la ley, no hay otro modo de salvar nuestras formas de vida y la soberanía urgente en momentos de crisis como los que vivimos.
Fuente: Consejo Regional Campesino de Coquimbo