La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó hoy (12/2/2020) un informe en que identificó a 112 empresas israelíes que funcionan en territorios ocupados por Israel en Palestina.
El informe responde a una solicitud específica del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, contenida en una resolución de marzo de 2016, que ordenó a la Oficina producir una base de datos de empresas comerciales involucradas en tales actividades.
En un informe provisional presentado al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2018 por el entonces Alto Comisionado, Zeid Raad Al Hussein, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que había examinado la información que estaba a disposición del público, o que se había recibido de diversas fuentes, sobre unas 307 empresas iniciales.
Tras nuevas investigaciones, el número total examinado aumentó a 321. De éstas, un total de 206 empresas fueron consideradas para una evaluación adicional.
El informe publicado hoy establece las conclusiones tras nuevas comunicaciones con las entidades empresariales, así como una revisión y evaluación exhaustiva de toda la información disponible.
En él se identifican 112 entidades empresariales que la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre la base de la información que ha reunido, tiene motivos razonables para concluir que han participado en una o más de las actividades específicas a las que se hace referencia en la resolución 31/36 del Consejo de Derechos Humanos.
De las 112 empresas identificadas en el informe, 94 están domiciliadas en Israel y realizan sus actividades económicas en territorio palestino ocupado.
La lista incluye a Airbnb, Booking.com, TripAdvisor, MotorolaUS, GeneralMills, Opodo, Expedia, Remax Israel, además de varios bancos israelíes y la compañía nacional de agua Mekorot.
Durante el complejo proceso de elaboración de la base de datos, la Oficina consultó al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, y mantuvo amplias conversaciones con numerosos Estados, organizaciones de la sociedad civil, grupos de reflexión, académicos y otros, además de tener amplias interacciones con las propias empresas, según el comunicado de prensa.
En el informe se deja claro que la referencia a esas entidades comerciales no es, ni pretende ser, un proceso judicial o cuasi judicial. Si bien los acuerdos como tales se consideran ilegales en virtud del derecho internacional, en el presente informe no se ofrece una caracterización jurídica de las actividades en cuestión, ni de la participación de las empresas comerciales en ellas.
Toda medida ulterior con respecto a la continuación de este mandato incumbirá a los Estados Miembros del Consejo de Derechos Humanos, que examinarán el informe durante el próximo período de sesiones del Consejo, que comenzará el 24 de febrero.
“Soy consciente de que esta cuestión ha sido y seguirá siendo muy polémica”, dijo Michelle Bachelet, la actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos.
“Sin embargo, tras un extenso y meticuloso proceso de examen, estamos satisfechos de que este informe basado en hechos refleje la seria consideración que se ha dado a este mandato sin precedentes y altamente complejo, y que responda adecuadamente a la solicitud del Consejo de Derechos Humanos contenida en la resolución 31/36”, afirmó Bachelet.
La resolución 31/36 del Consejo de Derechos Humanos, aprobada el 24 de marzo de 2016, solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que elaborara un informe de seguimiento del informe de 2013 de la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Consecuencias de los Asentamientos Israelíes para los Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales del Pueblo Palestino en todo el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental.
En la resolución se definieron los parámetros del presente informe con referencia a diez actividades específicas enumeradas en el párrafo 96 del informe de la Misión de Investigación. La resolución 31/36 del Consejo de Derechos Humanos fue aprobada con 32 Estados a favor, ninguno en contra y 15 abstenciones.
En ella se recuerdan los informes del Secretario General de las Naciones Unidas, las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y de varios órganos de derechos humanos que reafirman la ilegalidad de los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental.
Fuente: Agencia de Noticias Wafa
Edición: Comunidad Palestina de Chile
