Comunidades del valle del Huasco manifiestan una profunda desconfianza hacia la institucionalidad ambiental y, en general al aparataje estatal. Luego de sumar más de 25 años de resistencia contra el proyecto binacional minero Pascua Lama, de la canadiense Barrick Gold, los hechos han ido demostrando cómo las vías formales e institucionales terminan siendo dilatadas o empañadas por vicios de origen, conflictos de interés entrelazados y falta de transparencia. El 23 de septiembre se suma un nuevo hito: el Primer Tribunal Ambiental filtró el fallo, los ministros se inhabilitaron y la causa se retrasó. ¿Quién se beneficia?
Diversas organizaciones locales entre ellos, indígenas, agricultores, vecinos, ambientales y gremiales, emitieron un comunicado emplazando a la Corte Suprema para que intervenga en este caso por considerar como grave la filtración ocurrida del fallo en el Primer Tribunal Ambiental, específicamente en las causas R-189-2026 y R-174-2026.
La filtración ocurrió el día 23 de septiembre de 2026 el sitio web oficial del Primer Tribunal Ambiental. Éste publicó el rechazo de las medidas cautelares contra el proyecto minero antes de que constara la resolución en el expediente o se notificara a las partes, sin embargo la publicación fue posteriormente eliminada.
Al día siguiente, los tres ministros titulares (Alamiro Alfaro, Sandra Álvarez y Marcelo Hernández) quedaron inhabilitados. Al remitir la causa al Segundo Tribunal Ambiental, emerge un nuevo conflicto de interés: la jueza presidenta Marcela Godoy está casada con Gonzalo Montoya, gerente legal de Minera Zaldívar (de Barrick Gold). Además, el relator designado de la causa, Álvaro Funes Palacio, fue durante cinco años, jefe de Asuntos Legales de Barrick (Minera Zaldívar).
Por estas razones, diversas organizaciones exigen la intervención de la Corte Suprema, el seguimiento bajo los estándares del Acuerdo de Escazú y el pronunciamiento de la Cámara de Diputadas y Diputados y la Cámara Alta.
«Los retrasos procesales provocados por estas inhabilitaciones solo benefician el avance del proyecto en detrimento de glaciares, aguas y ecosistemas vitales», dicen las organizaciones en el comunicado, y agregan que «la magnitud de los intereses económicos involucrados y la historia que ha rodeado a Pascua Lama hacen que no podamos observar con ingenuidad lo que hoy está ocurriendo. No afirmamos, sin antecedentes que lo acrediten, que haya existido presión indebida, interferencia o corrupción en estas causas. Pero frente a una publicación institucional que anticipó el resultado de una cuestión judicial pendiente, su posterior eliminación y la inhabilitación al día siguiente de los tres ministros titulares que debían conocer nuestras reclamaciones, consideramos legítimo preguntarnos si estamos solamente ante una sucesión de errores y circunstancias independientes o si existen otros hechos, intereses o eventuales interferencias que deban ser investigados y completamente esclarecidos».
Este es un nuevo caso que muestra la parcialidad, los conflictos de interés y cómo las instituciones ambientales se permean por los intereses de las empresas.
Actualmente, Pascua Lama, que fue cerrado por la institucionalidad ambiental años atrás, vuelve a arremeter en la cordillera con un nuevo proyecto que lleva el nombre «Prospección Minera El Alto», conocido en la zona, como Pascua Lama 2.0.
El comunciado
Las comunidades diaguitas, agricultores y habitantes del Valle del Huasco que participamos en las causas de reclamación R-189-2026 y R-174-2026, relacionadas con la aprobación ambiental del proyecto “Prospección Minera El Alto”- al cual denominamos Pascua Lama 2.0, manifestamos nuestra profunda preocupación por los graves hechos conocidos recientemente respecto del Primer Tribunal Ambiental. Ante estos hechos, declaramos públicamente y exigimos a las autoridades competentes lo siguiente:
1. El 23 de septiembre de 2026, el sitio web oficial del Primer Tribunal Ambiental publicó una noticia informando que habían sido rechazadas las medidas cautelares de las reclamaciones respecto del proyecto “Prospección Minera El Alto”, solicitadas para evitar que éste avance mientras se resuelve la controversia. Sin embargo, según los antecedentes conocidos, al momento de esa publicación no constaba en el expediente una resolución que comunicara ese rechazo a las partes. Posteriormente, la publicación fue eliminada. Una cosa es un error en una noticia, otra muy distinta es que un sitio institucional comunique el resultado de una cuestión judicial pendiente antes de que las partes conozcan la resolución que debería contener esa decisión, más cuando ha trascendido que el relator designado para ver la causa fue Álvaro Funes Palacio quién antes de llegar al tribunal fue 5 años jefe de Asuntos Legales de Barrick en la Compañía Minera Zaldívar en Antofagasta.
2. Al día siguiente, los tres ministros titulares: Alamiro Alfaro Zepeda, Sandra Álvarez Torres y Marcelo Hernández Rojas quedaron inhabilitados para continuar conociendo la causa a razón de una causal relacionada con haber manifestado previamente su opinión o decisión respecto de la cuestión sometida a su conocimiento. La consecuencia fue excepcional: la integración titular completa del Tribunal quedó apartada y los antecedentes debieron ser remitidos al Segundo Tribunal Ambiental en donde podría ocurrir una nueva inhabilitación, ya que su jueza presidenta, Marcela Godoy, está casada con Gonzalo Montoya Cisterna, gerente legal de Compañía Minera Zaldívar.
3. El proyecto “Prospección Minera El Alto” no surge en un territorio ni en una historia cualquiera. Se encuentra vinculado nuevamente a Pascua Lama, uno de los mayores yacimientos de oro del mundo, y a Barrick Gold, una poderosa compañía minera transnacional que las comunidades del Valle del Huasco conocemos desde hace más de 25 años de conflictos ambientales, administrativos y judiciales y actitudes contumaces, dolosas e ilegales. La magnitud de los intereses económicos involucrados y la historia que ha rodeado a Pascua Lama hacen que no podamos observar con ingenuidad lo que hoy está ocurriendo. No afirmamos, sin antecedentes que lo acrediten, que haya existido presión indebida, interferencia o corrupción en estas causas. Pero frente a una publicación institucional que anticipó el resultado de una cuestión judicial pendiente, su posterior eliminación y la inhabilitación al día siguiente de los tres ministros titulares que debían conocer nuestras reclamaciones, consideramos legítimo preguntarnos si estamos solamente ante una sucesión de errores y circunstancias independientes o si existen otros hechos, intereses o eventuales interferencias que deban ser investigados y completamente esclarecidos.
4. Llevamos 25 años defendido nuestro territorio y la vida frente al proyecto Pascua Lama y, entre otras acciones, hemos utilizado las herramientas que entrega la institucionalidad: hemos participado, presentado observaciones, reclamado ante las autoridades y recurrido a los tribunales. Aun cuando nuestra experiencia durante todos estos años también ha estado marcada por cuestionamientos y desconfianzas, hemos persistido en utilizar esos caminos institucionales. Precisamente por eso, hoy tenemos derecho a preguntar: ¿Qué ocurrió realmente al interior del Primer Tribunal Ambiental? ¿Por qué ocurrió esta filtración? ¿Existió alguna actuación deliberada que pudiera haber tenido por objeto o por efecto provocar la inhabilitación de los ministros y alterar la integración del Tribunal que debía conocer nuestras causas? Y, sobre todo: ¿Qué garantías tenemos las comunidades para seguir recurriendo a la justicia ambiental y tener la certeza de que nuestras causas serán conocidas por una justicia independiente, imparcial y transparente?
5. Está en juego la credibilidad de la institucionalidad ambiental. Durante décadas se nos ha dicho que los conflictos ambientales deben resolverse por las vías institucionales: participando, presentando observaciones, reclamando ante las autoridades y, cuando corresponde, recurriendo a los tribunales. Eso hemos hecho, aun cuando nuestra propia experiencia también ha estado marcada por cuestionamientos y desconfianzas. Precisamente por ello, tenemos derecho a exigir que las instituciones respondan a los estándares que ellas mismas deben garantizar a toda la ciudadanía. La probidad, la transparencia, la independencia, la imparcialidad y el debido proceso no son simples formalidades: son condiciones esenciales para que exista una verdadera justicia ambiental. Cuando hechos objetivos generan dudas respecto del cumplimiento efectivo de esas garantías, las instituciones tienen el deber de esclarecer lo ocurrido, entregar respuestas y adoptar las medidas necesarias para asegurar que situaciones como éstas no vuelvan a repetirse.
6. Pedimos que las instituciones competentes actúen. Los Tribunales Ambientales están sometidos por ley a la Superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema. Por ello consideramos necesario que, dentro de las atribuciones legales correspondientes, estos hechos sean conocidos y se determine si procede investigarlos y establecer las responsabilidades que eventualmente pudieren existir. Solicitamos también a las autoridades responsables de la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile que analicen lo ocurrido desde los compromisos asumidos por nuestro país respecto del acceso efectivo a la justicia ambiental.
7. Hacemos un llamado a las senadoras, senadores, diputadas y diputados así como a diversas autoridades, en especial de la Región de Atacama, así como a las comisiones parlamentarias competentes, para que dentro de sus respectivas atribuciones soliciten antecedentes, formulen las preguntas necesarias y contribuyan al esclarecimiento de estos hechos. Las comunidades no deberíamos enfrentar solas la tarea de obtener estas respuestas.
9. Como comunidades estudiaremos los distintos caminos legales e institucionales disponibles para lograr el completo esclarecimiento de estos hechos. Este devenir tiene fuertes consecuencias para nosotros, cada nueva inhabilitación, cambio de integración o traslado de las causas puede significar más tiempo esperando una respuesta judicial, mientras la controversia ambiental continúa, el proyecto y sus impactos en los glaciares, aguas y otros elementos vitales ya cometidos, avanza. El derecho a acceder a la justicia ambiental también exige que esa justicia pueda llegar oportunamente.
10. Después de más de 25 años, seguimos y seguiremos aquí. Y por nosotros, por los otros territorios, las próximas generaciones y la salud institucional del país, necesitamos que se nos responda públicamente qué ocurrió realmente al interior del Primer Tribunal Ambiental y quién asumirá las responsabilidades.
Esperamos respuestas.
FIRMAN
Comunidades diaguitas, agricultores y habitantes del Valle del Huasco participantes de las causas R-189-2026 y R-174-2026
Asamblea por la Defensa del Agua y los Glaciares del Valle del Huasco
Comunidad Indígena Molle Diaguita Kay Ko
Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera y sus Afluentes
Comunidad Indígena Diaguita Quebrada de Colpe
Comunidad Indígena Diaguita “Hermana Agua” de Conay
Comunidad Indígena Diaguitas Montañas Fértiles de Chollay
Asociación Gremial de Turismo Alto del Carmen ASTAC