Ante el avance de decenas de solicitudes mineras en la comuna, las infancias locales lograron entablar mesas de trabajo con la Defensoría de la Niñez para defender su derecho a ser escuchados en la protección del ecosistema y sus vidas, exigir información clara y participación real antes de que la eventual minería de tierras raras afecte el agua, sus caminos y las oportunidades de desarrollo en su territorio.
La Oficina Local de la Niñez de Cobquecura se reunió por vía telemática con la Defensoría tras la carta del Consejo Consultivo comunal. En ella, niños, niñas y adolescentes demandan información comprensible y participación efectiva antes de que se adopten decisiones que puedan afectar el agua, los ecosistemas y sus condiciones de vida.
La preocupación por uno o varios posibles proyectos mineros de tierras raras en Cobquecura llegó a la Defensoría de la Niñez por iniciativa de niños, niñas y adolescentes de la comuna. A través de su Consejo Consultivo, solicitaron al organismo intervenir para que sus opiniones sean consideradas en las decisiones sobre el territorio donde viven y esperan construir su futuro. En el marco de esta solicitud, la Oficina Local de la Niñez de Cobquecura sostuvo una reunión vía telemática con la institución.
La gestión tiene su origen en una carta fechada el 7 de septiembre de 2026 y dirigida al defensor de la Niñez, Anuar Quesille Vera. En ella, el Consejo plantea que la eventual instalación y desarrollo de actividades vinculadas a la minería de tierras raras debe analizarse desde los derechos de quienes crecen en la comuna. Las decisiones territoriales, sostienen, tienen consecuencias directas sobre su educación, sus familias, los espacios de recreación y el acceso a servicios.
“Las decisiones que se toman sobre nuestro territorio no son asuntos que solamente correspondan a los adultos”, señala el documento. Con esa posición, sus integrantes reclaman un lugar en una discusión que compromete sus vidas presentes y cuyas consecuencias podrían acompañarlos durante décadas.
La inquietud surge en un territorio donde confluyen intereses mineros y energéticos de distintas empresas. Según el informe “La historia detrás de las concesiones mineras de Cobquecura”, difundido el 4 de julio de 2026 por la organización comunitaria Cobquecura Libres, Dignos y Vivos, entre 2019 y 2026, se publicaron 194 solicitudes mineras dentro de la comuna. El catastro de SERNAGEOMIN registra, actualmente, 81 concesiones, entre constituidas y en trámite. La investigación se basa en antecedentes del servicio, del Boletín Oficial de Minería y en respuestas a solicitudes de acceso a información pública.
El informe identifica la presencia de Aclara, que mantenía ocho concesiones “Elena” en trámite mediante Prospecciones Greenfield, y de Neore, que adquirió cinco concesiones en un remate en octubre de 2025 e impulsa el proyecto de tierras raras “La Marigen”. También registra solicitudes de concesiones mineras de las empresas eólicas UKA Chile y Andes Mainstream. Estos antecedentes describen distintos titulares y etapas de tramitación; las solicitudes y concesiones registradas no equivalen por sí mismas a faenas de extracción en funcionamiento.
El agua y las condiciones para habitar la comuna
El acceso al agua ocupa un lugar central en la carta. El Consejo advierte que en Cobquecura existe escasez y que numerosas familias, especialmente en sectores rurales, dependen de sistemas de abastecimiento que presentan dificultades. Ante esas condiciones, expresa su preocupación por la presión adicional que una actividad minera podría ejercer sobre las fuentes utilizadas por las comunidades.
“Para nosotros, hablar del agua no significa solamente hablar de un recurso natural. Significa hablar de nuestra vida, nuestra salud, nuestra alimentación, nuestras familias y nuestro futuro”, afirman.
A esta inquietud se suman los problemas de conectividad. Niños, niñas y adolescentes de sectores rurales ya enfrentan dificultades para llegar a sus establecimientos educacionales, centros de salud y actividades deportivas y culturales debido al estado de los caminos. Por ello, solicitan que cualquier proyecto que pueda aumentar el tránsito vehicular o modificar las rutas evalúe cómo afectaría sus desplazamientos y el ejercicio de sus derechos.
La defensa del territorio también comprende los vínculos comunitarios y la identidad local. El mar, los ríos, los campos, los bosques, el patrimonio y las actividades económicas de Cobquecura forman parte de las experiencias con las que crecen. Su preocupación apunta a las transformaciones ambientales, sociales y culturales que una eventual explotación minera podría provocar en ese entorno.
En particular, la carta alerta sobre posibles afectaciones a bosques, humedales y sectores costeros. Menciona la presencia de especies nativas como el hualo y el lingue, y advierte que la construcción de caminos, la remoción de tierra y la intervención de terrenos pueden destruir o fragmentar hábitats. La pérdida de vegetación comprometería también los espacios de alimentación y refugio de otras especies.
Educación y trabajo ligados al territorio
El Consejo vincula estas preocupaciones con las posibilidades de estudiar y trabajar en la propia comuna. La carta destaca que el Liceo Profesor Diego Missene Burgos ofrece formación en Hotelería y Gastronomía, relacionada con el turismo, la alimentación, la hospitalidad y los servicios.
Para quienes se preparan en esas áreas, el patrimonio natural y cultural representa una posibilidad concreta de desarrollo laboral. Sus integrantes advierten que una transformación de las condiciones ambientales y de la imagen de Cobquecura podría afectar las oportunidades educativas, de trabajo y de emprendimiento que proyectan.
El planteamiento incorpora al debate sobre la minería los proyectos de vida de quienes habitan el territorio. La continuidad de las actividades locales y la posibilidad de permanecer en la comuna son parte de las condiciones que solicitan proteger.
Participar antes de que se decida
En su respuesta, fechada el 24 de septiembre, Anuar Quesille reconoció la organización del Consejo y compartió sus preocupaciones por el resguardo del agua, la conectividad, el desarrollo local y el derecho a ser escuchados. También señaló que sus opiniones deben ser consideradas en los asuntos que les afectan, incluidos los procesos de evaluación ambiental y territorial.
El defensor convocó a una reunión en línea para el 29 de septiembre, con el propósito de escuchar sus opiniones y propuestas, acompañar la situación y, de ser necesario, apoyar gestiones y solicitudes de información ante los organismos competentes. La respuesta ofreció vigilar la existencia de mecanismos de participación efectivos, transparentes y adecuados, así como el acceso a información clara sobre los efectos e impactos del proyecto minero.
La demanda del Consejo es contar con información comprensible y apropiada para su edad, formar una opinión propia e intervenir de manera efectiva en los procesos de evaluación, discusión y decisión. Sus integrantes solicitan que la Defensoría observe la situación desde un enfoque de derechos y evalúe las acciones necesarias para que sean considerados.
“Queremos que nuestra opinión sea considerada de manera real y no solamente simbólica”, expresan en la carta. La exigencia incluye que esa participación debe ocurrir antes de adoptar decisiones que puedan transformar el territorio, y no cuando los problemas ya estén presentes.
Fuente: Comunicaciones OLCA