En entrevista exclusiva a Gaceta Ambiental, Elsa Cabrera, directora ejecutiva del Centro de Conservación Cetácea, analiza el impacto de los proyectos de desregulación estatal que lleva adelante el régimen de Kast y el papel que puede jugar la ciudadanía organizada para frenar la crisis ambiental. También comenta la situación de Paul Watson y las implicancias que ese caso puede tener en otros activistas ante el avance de la ultraderecha en el mundo. Sostiene que «la visión extractivista y empresarial del gobierno constituye en sí misma una preocupante amenaza» y que «la ciudadanía organizada es la herramienta fundamental de resistencia para defender los derechos y logros alcanzados, así como para buscar caminos que permitan continuar avanzando en la defensa de la democracia, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza».
Elsa Cabrera, fundadora y directora ejecutiva del Centro de Conservación Cetácea (CCC), que desde el año 2001 fomenta el conocimiento y la protección de ballenas, delfines y otros animales marinos de nuestro país, tiene una amplia trayectoria que le significó ser reconocida por la Sociedad de la Biología de la Conservación con el Premio por Servicios Distinguidos en 2015. Su incansable trabajo la ocupa tanto de los animales marinos como de las acciones del gobierno, las políticas de la CBI y las articulaciones sociales que favorezcan la protección de derechos.
Elsa, ¿cuál es el estado de conservación de las ballenas y cetáceos a nivel global?
La moratoria global sobre la caza comercial de ballenas, implementada por la Comisión Ballenera Internacional (CBI) desde 1986, y que este año cumple cuatro décadas, evitó la extinción de diversas especies y poblaciones de grandes cetáceos. Algunas poblaciones han mostrado signos de recuperación, como la Ballena Jorobada (Megaptera novaeangliae) del este de Australia que pasó de poco más de 100 individuos en 1963 a decenas de miles en la actualidad. Sin embargo, el panorama general es desigual porque siete de las catorce especies de ballenas están clasificadas como en peligro o vulnerables por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Por ejemplo, la Ballena Franca del Atlántico Norte (Eubalaena glacialis), con menos de 400 individuos estimados, sigue siendo una de las especies más amenazadas del planeta. En nuestras aguas, la Ballena Franca Austral del Pacífico Sudeste (Eubalaena australis), con una población estimada en sólo 50 individuos maduros, se encuentra clasificada como En Peligro Crítico por la UICN.
¿Por qué persiste la amenaza de caza comercial de las ballenas si la CBI la prohibe?
Porque Noruega, Islandia y Japón continúan desafiando la moratoria. Es más, Japón, tras abandonar la CBI en 2018, mantiene una activa presión diplomática dentro de este foro internacional (como Estado miembro observador) para que la moratoria sea levantada.
A lo anterior se suma que, al igual que todas las especies del planeta incluida la humana, los cetáceos enfrentan la triple crisis global de contaminación, cambio climático y pérdida de biodiversidad. Incluso poblaciones consideradas robustas, como la Ballena Franca del Atlántico Sur, evidencian una vulnerabilidad alarmante frente a eventos de mortalidad masiva como la que está ocurriendo ahora en las costas de Argentina. Un número récord de ballenatos muertos están apareciendo a diario en la costa. Aunque las causas aún están por determinarse, estos episodios comprometen la viabilidad de la población a largo plazo y demuestran que ninguna población de cetáceos puede considerarse a salvo mientras las amenazas antropogénicas no sean abordadas de manera integral.
En un escenario en que se conocen unas 87 especies de cetáceos a nivel mundial, de las cuales cerca de un 50% se han observado en aguas chilenas, ¿cuál ha sido el aporte de Chile en la conservación de ballenas?
Chile ha desempeñado un papel de liderazgo dentro de la CBI desde la entrada en vigor de la Ley 20.293 (el año 2008), que declaró todos los espacios marítimos de soberanía y jurisdicción nacional como Zona Libre de Caza de Cetáceos, estableciendo una política de Estado comprometida con la conservación y el uso no letal de estas especies. Esta norma, conocida como Santuario de Ballenas, ha posicionado a Chile como referente internacional en la CBI. En este contexto, el país impulsó la creación del Plan de Conservación y Manejo para la población del Pacífico Sudeste de Ballena Franca Austral (Chile/Perú) y lideró resoluciones aprobadas en materias clave como la modernización de los métodos de trabajo del comité científico de la CBI, la plena integración de la sociedad civil en las asambleas y grupos de trabajo y el reconocimiento de la importancia de las ballenas vivas para el funcionamiento de los ecosistemas en los procesos de decisión del organismo. Esta última resolución es clave en la medida en que fue la primera vez que dicha temática se incorporó formalmente en los procesos decisorios de un organismo internacional y ha servido de precedente para otros acuerdos multilaterales.
Bajo la administración actual de Kast, sin embargo, no se observa el mismo interés en continuar impulsando esta posición de liderazgo internacional, lo que genera incertidumbre sobre el rol que Chile asumirá en la próxima asamblea plenaria de la CBI, que se inicia esta semana en Australia.
¿Cuál es la situación con Japón y otros países que pretenden perpetuar la caza de ballenas?
Japón no solo continúa matando ballenas en sus aguas nacionales, sino que ejerce una presión intensa al interior de la CBI para eliminar la moratoria, a pesar de haber abandonado este organismo multilateral en 2018. De hecho, una numerosa delegación liderada por el excomisionado (japonés), Joji Morishita, sigue asistiendo a las asambleas plenarias y realizando un activo lobby que, en la reunión de 2024, logró detener la creación del santuario de ballenas del Atlántico Sur por un solo voto de diferencia. Este resultado se explica, en gran medida, por la participación de países satélite de África y el Caribe que adhieren a la política ballenera de Japón a cambio de programas de financiamiento pesquero.
¿Cuáles son los intereses que existen con los lobos marinos y por qué el gobierno busca que se autorice su caza?
El gobierno no ha cesado en su interés de avanzar en un plan de matanza selectiva de lobos marinos comunes en el país. En alianza con intereses pesqueros, este tipo de iniciativas buscan responsabilizar a la especie de la crisis pesquera para encubrir a los verdaderos responsables: la sobrepesca, los impactos de la corrupta Ley Longueira, la pesca ilegal y la expansión de la salmonicultura en la Patagonia chilena, entre otros factores.
¿De qué se trata la campaña ciudadana No + matanzas de Lobos Marinos en Chile?
La campaña ciudadana No + Matanzas de Lobos Marinos en Chile, que estamos impulsando junto al Centro Ecoceanos, denuncia que esta propuesta gubernamental se sustenta en una caracterización desinformada que califica a los lobos marinos como «plaga» pero que no tiene respaldo científico alguno. Los censos oficiales del Estado chileno señalan que al año 2019 la población de lobo marino común variaba entre 112.000 y 150.000 individuos, cifra que no representa una sobrepoblación. Es más, décadas de estudios internacionales demuestran que la eliminación de depredadores tope no resuelve los conflictos con las pesquerías, sino que genera efectos en cascada que desequilibran los ecosistemas y pueden agravar el problema que se pretendía solucionar. Esto parece más bien una propuesta populista y ecocida.
¿Qué ha ocurrido con la Comisión ballenera Internacional? El gobierno anterior no quería pagar la cuota de membresía… ¿qué hará éste?
Recordemos que el gobierno anterior pagó la cuota justo antes del inicio de la asamblea plenaria del 2024, pero solo gracias a una campaña de presión ciudadana liderada por Ecoceanos y nuestra organización (CCC). Informalmente este gobierno nos ha dicho que la deuda de este año se habría pagado, pero lamentablemente los representantes de la Cancillería no han dado ninguna respuesta oficial que nos permita confirmar que los fondos ya se encuentran en la secretaría de la CBI y que el país ha restituido su derecho a votación. La fecha límite era el 25 de septiembre y si el país paga después de ese límite podría quedarse sin derecho a voto. Enviamos una carta el 4 de septiembre firmada por más de 25 ONG internacionales dedicadas a la investigación y conservación, instando el pago urgente. Actualmente seguimos esperando una confirmación formal sobre la restitución del derecho a voto de Chile para la reunión que comienza este 28 de septiembre.
«La visión extractivista y empresarial del gobierno constituye en sí misma una preocupante amenaza»
El 21 de julio de 2024, la policía de Groenlandia (territorio autónomo de Dinamarca) arrestó a Paul Watson en la capital, Nuuk. El activista canadiense se encontraba a bordo de su embarcación Sea Sheapherd abasteciéndose de combustible con el fin de interceptar un buque ballenero japonés. La detención se realizó en respuesta a una notificación roja de Interpol solicitada por Japón.
Watson ha sido tildado de «ecoterrorista» y de «pirata» por países interesados en reanudar la caza de ballenas y otros animales marinos. Ustedes fueron parte de una importante campaña para exigir su liberación, cuéntanos qué ha ocurrido con su caso ya que puede ser un precedente para otros activistas a nivel internacional.
Watson estuvo cinco meses en prisión hasta que Dinamarca rechazó una solicitud de extradición presentada por Japón. Su liberación fue el resultado directo de la intensa campaña de presión ciudadana internacional que, entre otros, dejó en evidencia la creciente vulnerabilidad de los activistas ambientales y de los derechos humanos en el mundo.
Resulta más urgente que nunca articular esfuerzos desde la sociedad civil organizada para defender los procesos democráticos y los avances logrados durante las últimas décadas en la defensa de quienes trabajan en estos temas. Aunque el panorama actual pareciera sombrío, la historia ha demostrado ser pendular por lo que resulta crucial mantener la esperanza y continuar trabajando para impedir retrocesos, mientras sembramos semillas de cambio que puedan dar frutos cuando el contexto político nacional, regional y global vuelva a ser más favorable.
¿Qué políticas ves que sean peligrosas en este gobierno de José Kast para la conservación de la naturaleza?
La visión extractivista y empresarial del gobierno constituye en sí misma una preocupante amenaza, agravada por un significativo nivel de ignorancia sobre la importancia de la biodiversidad y de un medio ambiente saludable para el bienestar de la ciudadanía. Un gobierno que busca el crecimiento económico sin tomar en cuenta los límites naturales que permiten a los ecosistemas sostener la vida, solo implementará políticas que, a mediano y largo plazo, generarán impactos negativos en el bienestar, la salud de los habitantes y la propia economía del país. Porque los costos asociados a la destrucción de la biodiversidad y los ecosistemas han demostrado ser muy superiores a los beneficios generados por la explotación.
Un ejemplo concreto y verificable de la orientación política del gobierno actual en esta materia es el retiro de más de 40 decretos supremos del Ministerio del Medio Ambiente el mismo día en que asumió Kast. Entre éstos figuran seis propuestas de áreas protegidas en la región de Atacama (tres parques nacionales, dos reservas de región virgen y una reserva nacional) que buscaban proteger diez humedales de altura entre salares y lagunas altoandinas. Otros decretos retirados corresponden a los que creaban los parques nacionales marinos Mar de Juan Fernández y Nazca-Desventuradas II. También se retiraron los de normas de emisión para termoeléctricas, fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico y normas de calidad del agua, planes de descontaminación, planes de recuperación de especies amenazadas y de control de especies invasoras. Del mismo modo se retiraron reglamentos vinculados a la preservación de la biodiversidad y a la estrategia climática del país. Muchos de estos decretos habían pasado por procesos de consulta indígena, participación ciudadana y aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y algunos tomaron años de elaboración.
En el caso específico de los lobos marinos, los planes de matanza selectiva han demostrado tener consecuencias fatales porque la evidencia científica es contundente en demostrar que la eliminación de depredadores tope desequilibra las redes tróficas y puede comprometer la productividad pesquera a largo plazo, generando un efecto cascada en los ecosistemas que termina agravando el problema que se pretendía solucionar, que en el caso de Chile, es la crisis pesquera.
«La historia demuestra que la ciudadanía organizada es la herramienta fundamental de resistencia para defender los derechos»
¿Qué perspectivas pueden tener ciertos territorios de Chile para que fortalezcan un turismo de avistamiento de ballenas y cetáceos que no perjudique la conservación?
Chile posee un enorme potencial para fortalecer el turismo de naturaleza, incluido el avistamiento de cetáceos. Desde el norte hasta la Patagonia, el país no solo es rico en especies de cetáceos, sino también en una extraordinaria diversidad de paisajes, fauna, flora y cultura.
En materia de regulación, gracias al Santuario de Ballenas se adoptó el Reglamento Nacional de Observación de Ballenas (2011), que establece una normativa para la observación segura tanto para la Ballena Franca Austral, así como para los grandes cetáceos, y se establecieron multas para quienes las incumplan.
No obstante, aún falta mucho para difundir de manera efectiva esta información, tanto entre operadores turísticos como entre los propios visitantes. Proyectos y programas de capacitación y difusión son indispensables para que las medidas del reglamento sean cumplidas, comprendidas y apoyadas tanto por quienes operan las naves como por quienes disfrutan del avistamiento. Las alianzas entre las organizaciones que trabajan en investigación en estas áreas y las comunidades locales son vitales para avanzar conjuntamente en este objetivo, así como para monitorear y detectar cualquier cambio o impacto en las especies observadas.
Pese al panorama que hemos descrito a nivel político, ¿qué articulaciones esperanzadoras puedes observar a nivel político-social en la ciudadanía que podrían enfrentar el avance extractivista y de liberalización de las normativas ambientales que busca realizar este gobierno?
La historia demuestra que incluso en los momentos más complejos, la ciudadanía organizada es la herramienta fundamental de resistencia para defender los derechos y logros alcanzados, y para buscar caminos que permitan continuar avanzando en la defensa de la democracia, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Las movilizaciones ciudadanas frente al retiro de los 43 decretos ambientales son un ejemplo elocuente, así como la articulación de diversos movimientos ciudadanos que recurren a instancias administrativas y judiciales para frenar proyectos extractivos. La campaña No + Matanzas de Lobos Marinos en Chile, que lidera Ecoceanos con nuestro apoyo, constituye otra expresión de esta capacidad de articulación, con un llamado a la firma ciudadana, a la movilización y avanzar a la proteccion permanente de estos mamíferos marinos.
Pero estos esfuerzos deben tomar en consideración una creciente amenaza, como es la manipulación de las redes sociales de parte de intereses políticos y privados, que han ayudado a colocar gobiernos con tendencias autoritarias y totalmente desinteresados en la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente en nuestra región. Frente a este panorama, la sociedad civil global se ha estado organizando en diversos frentes como la alfabetzación medíatica y digital, la verificación de noticias y el periodismo independiente, promoción de mayor regulación digital y articulación contra la desinformación y fake news, entre otros. Lo que demuestra que frente a la manipulación mediática, la sociedad civil no está inmóvil. Pero es un movimiento que se debe fortalecer si queremos revertir la tendencia actual y el avance de políticas orientadas a destruir el planeta en pos de intereses económicos.
Por: Javier Karmy Bolton