Nuestro medio tuvo acceso al informe final de la delegación de observadores canadienses que visitó el país en enero. En el advierten «un contexto permanente de intimidación y criminalización de la protesta social», acusando además «violencia político-sexual de carácter institucional» ejercida por Carabineros.
Preocupados por las graves violaciones a los derechos humanos que se denunciaban en Chile luego de estallido social del 18 de octubre pasado, varias organizaciones sindicales, políticas y de investigación de Quebec y Canadá, en colaboración con la Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y el Observatorio Ciudadano de Chile (OC) decidieron organizar una misión de observación de derechos humanos para visitar el país. A tres meses de la revuelta, entre el 18 y el 27 de enero pasado, nueve personas de diversas especialidades, experiencias y ámbitos de intervención social -diputados de los parlamentos de Quebec y de Canadá, sindicalistas, miembros de la sociedad civil y del mundo académico- arribaron al país para dar cuenta de la situación en torno a los abusos que evidenciaron diversos informes internacionales.
Este lunes, la Misión Quebeco-Canadiense de Observación de Derechos Humanos presentó el informe sobre el trabajo realizado en el país y luego de 65 horas de entrevistas en Santiago, Antofagasta y Valparaíso, con 99 personas de 51 organizaciones, establecieron que en Chile se han producido “gravísimas violaciones de los derechos humanos, de forma sistemática y generalizada, perpretadas por las fuerzas que tienen la misión de asegurar la seguridad y el orden en el país, y realizadas según patrones comunes y recurrentes”.
El documento indica que estas violaciones se han producido en un contexto permanente de intimidación de la población y de criminalización de una protesta social, desatada y acentuada frente a una realidad de injusticias sociales acumuladas. Agregan que las graves problemáticas laborales, territoriales, ambientales y en particular las asociadas al agua, así como las de la jubilación, salud y educación, han generado una situación insostenible y que ésta se ha tornado aún más crítica en el contexto actual de pandemia, en el cual además la represión continúa practicándose contra los sectores más vulnerables del país.
El pasado 18 de octubre Chile vivió un denominado ‘estallido social’ que levantó demandas de la ciudadanía en torno a mayor igualdad en el país y la impugnación a una clase política fuertemente elitista. Foto: Archivo.
Los resultados de la Misión Canadiense, al igual como anteriores misiones internacionales, arrojan un retrato alarmante: “Desde el 18 de octubre de 2019, se han producido violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos en Chile, constatándose patrones comunes y recurrentes en todo el país. Todo esto tiene lugar en un contexto permanente de intimidación de la población y de criminalización de la protesta social y toma la forma de una violencia político-sexual de tipo institucional, ejercida por la policía, cuando se trata de víctimas mujeres y niñas“, advierten.
Vulneraciones que, según los observadores, se manifiestan en un incumplimiento de los protocolos de intervención policial, en las lesiones por perdigones y gases lacrimógenos, en la violencia y abuso sexual, en las detenciones no registradas y palizas a detenidos, presiones sobre el personal médico de los hospitales, ataques contra trabajadores de la salud y observadores de derechos humanos, uso masivo e indiscriminado de gases lacrimógenos en vecindarios c0mpetos, procedimientos judiciales negligentes y parciales, uso de la detención preventiva como medida punitiva y neutralización de los recursos de amparo.
Según los datos recopilados en el documento, principalmente aportados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, realizaron el siguiente recuento al 31 de enero de 2020: 31 muertos, 3.748 personas heridas -incluidas 2.141 por tiros de armas de fuego de la policía y 427 que sufrieron daños oculares (incluidas 29 con pérdida parcial o total de la visión)-; 9.545 personas arrestadas (12% de los cuales eran niños, niñas y adolescentes; algunas fuentes estiman la cifra en 22.000); 886 casos de uso excesivo de la fuerza, 192 casos de violencia sexual (incluidos 179 relacionados con desnudamiento) y 463 casos de trato cruel e inhumano; además de 1.215 acusaciones judiciales a favor de 1.527 víctimas.
“Las múltiples violaciones de los derechos humanos que la misión pudo corroborar durante su estadía, parecen aún más injustificables al insertarse en un contexto social y constitucional asociado a una pesada herencia histórica”, sostienen en el informe final.
“Chile no sólo preocupa por su situación de profunda injusticia social sino que también, por el alarmante estado de violación de los derechos humanos, una situación que se ha hecho recurrente, que aparece institucionalizada y que se presenta como si ésta fuera una realidad normal, la que sin embargo se revela cada vez más explosiva. Chile no está respetando los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, señaló Isabel Orellana, miembro de la comitiva quebeco-canadiense.
La institución de Carabineros de Chile ha sido fuertemente cuestionada por distintas organizaciones internacionales ligadas a la defensa de los derechos humanos. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la oficina de la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU, entre otros, han entregado recomendaciones en torno a la labor de la policía uniformada. Foto: Archivo.
El informe finalmente hace una serie de recomendaciones a los gobiernos de Chile y los de Quebec y Canadá. Entre las sugerencias que se le hacen al Estado chileno, está “que se ponga fin al uso excesivo de la fuerza, a las detenciones arbitrarias, a las violencias y abusos sexuales, a las detenciones no registradas y a las palizas”. Así también, que se avance hacia una transformación de fondo en la institución de Carabineros, democratizando su estructura, enmarcando sus funciones, revisando sus protocolos y capacitando apropiadamente a su personal en el ámbito de los derechos humanos. Además, incluyen que, en el contexto de la pandemia, todos los presos políticos arrestados desde el 18 de octubre de 2019 sean liberados, y que se aplique el arresto domiciliario en el caso en que las investigaciones sobre ellos continúen.
“Esto se vuelve más urgente aún en un contexto de pandemia que pone de manifiesto la amplitud de las desigualdades sociales“, señala el informe. “Que la sociedad civil, las víctimas y sus familiares ocupen un papel central en la respuesta del Estado ante las tensiones sociales, tal como lo destacó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 12 de marzo de 2020“, agregan entre las recomendaciones. Además, exigen a los gobiernos de Quebec y Canadá “que denuncien públicamente las violaciones sistemáticas, generalizadas y continuas de los derechos humanos perpetradas en Chile bajo el gobierno del presidente Piñera, desde el 18 de octubre de 2019”.
El informe final de esta misión fue presentado este lunes con la colaboración de Observatorio Ciudadano y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), dando cuenta además de las principales recomendaciones, destinadas tanto al gobierno de Chile como a los gobiernos de Quebec y de Canadá, a cuyas autoridades principales ya se les ha sido enviado formalmente el informe.
Revisa el informe completo de la Misión Canadiense de DD.HH. aquí.
