Casos recientes como el daño al Pucará del Cerro Grande de la Compañía y la denuncia de remoción de petroglifos en la Región del Maule, evidencian un problema concreto en el sistema de protección de sitios arqueológicos en nuestro país.
En junio de este año se detectó el daño del sitio arqueológico donde se encuentra ubicado el Pucará, en la comuna de Graneros, debido a la construcción de una antena telefónica en la cumbre del Cerro la Compañía. Anteriormente, este monumento histórico declarado en 1992, de gran importancia tanto histórica, como arqueológica y científica, ya había sufrido daños debido a la construcción de una antena, autorizada también por el propietario del terreno.
Este gravísimo incidente, se suma a la denuncia realizada ese mismo mes, por la remoción y daño de petroglifos de Laguna del Maule, descubiertos recientemente en 2019.
Según la Ley de Monumentos Nacionales, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) está a cargo de la protección de los sitios arqueológicos, en su calidad de Monumentos Arqueológicos. Así mismo, los sitios arqueológicos son Monumento Nacional (MN) por el sólo ministerio de la ley, y su destrucción es considerada un delito.
Estos casos, en conjunto con otros, como el daño de los sitios arqueológicos en el norte de Chile provocado por el Rally Dakar o la destrucción de geoglifos en Pozo Almonte, visibilizan la vulnerabilidad de los sitios arqueológicos y del patrimonio arqueológico chileno, ya que a pesar de las legislaciones y normativas que los protegen, no se realiza una correcta protección y conservación de estos sitios, poseedores de un valor incalculable.
La arqueóloga integrante del directorio del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile, Verónica Baeza, explica el funcionamiento y las falencias de los organismos a cargo del cuidado y resguardo de los sitios arqueológicos.
Verónica ¿Cómo es el trabajo que realiza el CMN? ¿Se realiza un correcto y real resguardo?
-Se trabaja mucho al interior del Consejo de Monumentos Nacionales, con profesionales muy comprometidos con el trabajo, pero que deben llevar a cabo sus tareas de manera muy precaria. Actualmente el área de arqueología se encuentra dividida en dos sub áreas, una dedicada a las evaluaciones dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y la otra con una misión de carácter sectorial, y que se encarga de todos aquellos casos que se deben gestionar fuera del SEIA (investigación arqueológica, denuncias, peritajes, salvatajes, entre muchos otros).
En general, es esta última el área más golpeada por la precariedad, donde la cantidad de profesionales contratados es altamente variable. Con las modificaciones que introdujo a la Ley de Monumentos Nacionales la creación del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio, se crearon secretarías técnicas regionales que han permitido distribuir la carga de trabajo, además de hacer una gestión más situada en el territorio. Sin embargo, las decisiones se siguen tomando a nivel central (Santiago).
¿Por qué hay falta de protección y resguardo de los sitios arqueológicos?
-Presupuesto, voluntad política, definiciones que no permiten una correcta operatividad. Un poco de todo lo anterior. El CMN es un organismo conformado mediante decreto en 1925, y la Ley de MN lo formaliza y modifica en su composición en 1970, manteniendo definiciones que relevan el carácter “monumental” y “nacional” del patrimonio (concepto ausente en la legislación, además). Lo anterior implica que la estructura institucional existente es algo anacrónica para el ritmo de funcionamiento que requiere un organismo con las atribuciones que actualmente tiene el CMN.
Con el tiempo se ha formalizado el funcionamiento de una secretaría técnica que se ha hecho cargo del análisis profesional y/o técnico necesario. […] La carga de trabajo de esta área es importante, el personal escaso, contratado a honorarios en su mayoría […] La falta de recursos es un problema crónico, lo que evidentemente impide llevar a cabo las tareas encomendadas de buena manera.
¿Por qué mencionas la voluntad política?
-Me parece que es evidente que si un organismo técnico que desempeña una función crucial para el país, con respaldo legal, no cuenta con el presupuesto necesario para funcionar de manera medianamente decente, es claramente una decisión política de las autoridades.
¿El Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural aborda estas problemáticas y entrega soluciones?
-Actualmente el ejecutivo tiene en trámite una ley de Patrimonio Cultural, que hemos analizado en profundidad y creemos, con toda certeza y responsabilidad, que no se hace cargo de las falencias estructurales que existen en la gestión patrimonial de este país. Además, me parece que, en la medida en que en este país se sostenga un modelo basado en extractivismos de todo tipo, es difícil que se pueda manejar y gestionar de manera responsable y respetuosa los patrimonios diversos que existen en el territorio.
¿Cuál es la gravedad de la falta de protección y destrucción de los sitios?
-Implica pérdidas en múltiples aspectos, para muchas y muchos interesados desde distintos ámbitos; la destrucción de sitios arqueológicos -que son una categoría muy amplia- merma el derecho a la identidad y memoria de colectivos de personas por una parte, y también impide la investigación, y de este modo, se inhibe la contribución al conocimiento científico e histórico que las y los arqueólogos podemos aportar, y que también son importantes para el país y las comunidades. Cada sitio arqueológico es único en sus características y contiene información valiosa que sólo se puede recuperar mediante metodologías estrictas de trabajo.
¿Cuál podría ser una solución a este problema?
-Es un tema muy complejo y que no tiene una sola vía de solución, sino que se debe pensar desde una perspectiva integral. En este sentido, me parece insostenible -si queremos hablar en serio de esta problemática- que se mantenga esta dinámica en que toda iniciativa es viable, afecte lo que afecte, donde sea, porque es mejor desde la ingeniería y un supuesto “progreso” (al que no todos accedemos, por cierto).
Me parece que en el país se debe pensar de manera seria en políticas “patrimoniales” de largo plazo, que no solo administren la destrucción controlada de lugares (que es lo que sucede actualmente con los sitios arqueológicos en el ámbito del SEIA), sino que aborden el bien común y no solo el de unos pocos.
¿Y qué se necesita para eso?
-Ello requiere de un cambio radical a nivel legal e institucional, que fortalezca a la institución, pero desde una mirada diferente a la actual, en la que se entienda que el crecimiento económico y el “progreso” deben estar orientados al buen vivir y a desarrollarse mediante buenas prácticas, que es lo que más falta en la actualidad.
Fuente: Colegio de Arqueólogos
FUENTES:
-Entrevista Arqueóloga Verónica Baeza.
-https://laderasur.com/estapasando/denuncian-remocion-y-danos-irreparables-de-petroglifos-en-la-region-del-maule/
-https://radio.uchile.cl/2021/06/29/gaston-fernandez-por-danos-en-pucara-del-cerro-la-compania-podemos-asimilarlo-al-caso-schuler/
-http://comitepatrimonio.cl/sobre-los-danos-recientes-al-pucara-cerro-grande-de-la-compania/
-https://www.diariotalca.cl/que-valor-tienen-los-petroglifos-removidos-en-laguna-del-maule/
-https://cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/ambientalistas-denuncian-destruccion-de-petroglifos-de-laguna-del-maule/2021-06-08/120556.html