El Centro Africano para la Diversidad Biológica (ACB) ha presentado una solicitud al Registrador de OGMs de Sudáfrica, a raíz de una solicitud presentada por el profesor Shabir Ahmed Madhi, de la Unidad de Investigación de Patógenos Respiratorios y Meníngeos (RMPRU), Chris Hani Baragwanath Academic Hospital, para la aprobación de la liberación de ChAdOx1 nCo-V-19, una vacuna genéticamente modificada (GM), para ensayos clínicos de fase I/II en 2800 en adultos sanos y seropositivos durante un periodo de 12 meses.
El ACB realiza esta solicitud en pro del interés público y para salvar vidas en respuesta al sentido de urgencia mundial en la situación actual de pandemia. Sin embargo, si bien se están desarrollando tratamientos eficaces con la mayor rapidez posible, ello no puede ni debe hacerse a costa de mantener los más altos niveles éticos, de seguridad, eficacia y inherentes a cualquier investigación clínica.
Estos ensayos se llevarán a cabo en tres localidades de la provincia de Gauteng: Unidad de Investigación de Patógenos Respiratorios y Meníngeos (RMPRU), Chris Hani Baragwanath Academic Hospital; Wits RHI Shandukani Research Centre y Setshaba Research Centre.
En su solicitud, el ACB ha planteado varias preocupaciones, entre las que figuran las siguientes:
- • La falta de divulgación de datos e información de seguridad vital, que han sido redactados como «información comercial confidencial».
- • La ausencia de referencias bibliográficas en todo momento para fundamentar las afirmaciones sobre y la seguridad para la salud y los ecosistemas, lo que dificulta la evaluación de algunas de las afirmaciones que se hacen sobre la seguridad.
- • Falta de evidencias respecto a la eficacia de los ensayos
- • Falta de información sobre los procedimientos de ensayos clínicos que se utilizan
- • Preocupaciones sobre las afirmaciones hechas sobre la seguridad
La integridad científica en tiempos de una pandemia es más necesaria que nunca para asegurar la confianza en la seguridad y la eficacia de los futuros tratamientos en el futuro. Instamos encarecidamente a que no se sacrifique la plena participación del público en el proceso de adopción de decisiones que rige cualquier procedimiento administrativo que se considere justo.
Cualquier tratamiento, ya sea un fármaco o una intervención no terapéutica, debe concebirse como un bien público, con pleno acceso a la información, que respalde cualquier proyecto y su avance a través de las etapas de investigación hasta la aprobación clínica.
Hacemos un llamamiento al Consejo Ejecutivo: que garantice la plena divulgación de los datos y la información de seguridad al público para que podamos ejercer nuestros derechos a la justicia administrativa.
Además, el público tiene derecho a tomar decisiones administrativas justas y a la participación democrática. Consideramos que no se puede decir que se respeten esos derechos del público a menos que haya una participación pública plena y significativa y que la adopción de decisiones se haga de manera justa, abierta y transparente desde el punto de vista del procedimiento. A este respecto, instamos encarecidamente al CE a que establezca un grupo independiente integrado por expertos multidisciplinarios para llevar a cabo un proceso abierto y transparente que ayude al CE a examinar esta solicitud y a celebrar audiencias públicas de manera abierta y transparente, sobre las preocupaciones que se plantean en esta comunicación y que pueden ser planteadas por otros sectores de la sociedad sudafricana, en línea todavía desde junio de 2020.
Nota: La solicitud puede encontrarse aquí:
Fuente: Periodismo Sanador