En marzo de 2020, Contraloría General de la República (CGR) hizo valer la Ley de Protección de Bosque Nativo por sobre los apetitos de negocio de la agroindustria, en un Dictamen histórico que en la práctica dejó sin efecto los planes de manejo de Conaf para posibiilitar la sustitución de bosque nativo por plantaciones agroindustriales.El Dictamen daba cuenta entre otras cosas de la instrumentalización de un certificado del SII, de carácter tributario, que luego era asumido por CONAF como vinculante a la hora de determinar la factibilidad de sustituir masa boscosa por cultivos agroindustriales. Esto posibilitó arrasar con al menos 22.000 hectáreas de bosque nativo.
La Sociedad Nacional de Agricultura, busca impugnar este Dictamen de la CGR judicialmente pues atenta contra sus intereses, revelando en el recurso de protección que interpuso, que 10 mil hectáreas estaban aprobadas para ser taladas o “sustituidas”, lo que ya no podría hacerse efectivo, comprometiéndose las inversiones luego del pronunciamiento de la Contraloría.
Esto supone que los permisos otorgados podrían ser anulados, pero para eso, es necesario que todas las comunidades se activen en la defensa de sus bosques y sepan cómo hay que proceder para anularlos.
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