En las últimas semanas estamos siendo testigos de un ataque sistemático contra organizaciones sociales palestinas por parte de las autoridades de ocupación israelís. Son ataques dirigidos contra organizaciones que defienden los derechos humanos de la población palestina y que lo hacen, denunciando de manera clara y sin ambages tales vulneraciones por parte del estado de Israel y su régimen colonial y de apartheid.
Por esta labor de denuncia y por su trabajo activo a favor de los derechos humanos de la población palestina, específicamente de su derecho fundamental a la salud, la cooperante española Juana Rismawi lleva presa casi tres meses en una cárcel israelí. Juani desarrolla su labor de cooperación en la organización palestina Health Work Committees, cuyas oficinas fueron allanadas en el mes de junio y cerradas durante 6 meses. Casi un mes después, Shatha Odeh, Directora Ejecutiva de esta organización fue detenida, después de allanar su casa familiar y atemorizar a los miembros de su familia.
El mismo día que las fuerzas de seguridad israelís detenían a Shatha Odeth, la oficina de organización Union of Agricultural Work Committees (UAWC) en Ramallah era allanada y varios de sus equipos confiscados, estando sometida a partir de entonces a un cierre temporal de seis meses.
Estos ataques contra la sociedad civil palestina se han reiterado durante la semana pasada. Así, el pasado 29 de julio, la policía fronteriza israelí irrumpió en la sede de Palestina de Ramallah de Defense for Children International, organización de defensa de derechos la infancia palestina. De nuevo, confiscaron varios de sus equipos informáticos y multitud de expedientes sobre los menores palestinos detenidos en el sistema judicial militar israelí a los que DCI presta ayuda legal y psicoemocional. Ese mismo día, también fueron allanadas las oficinas de Bisan Center for Research and Development, organización que trabaja por los derechos socioeconómicos de la población palestina más marginalizada y cuyo director se encuentra en prisión desde hace más de dos años.
Todas estas organizaciones tienen el apoyo de multitud de actores sociales a nivel internacional y muchos de estos equipos confiscados y oficinas clausuradas han sido objeto de financiación pública del estado español, de la cooperación descentralizada española así como de la Unión Europea y de varios de sus estados miembros. Sin embargo, el silencio de la comunidad internacional ante estos ataques está siendo atronador. Así lo denuncian las organizaciones palestinas aglutinadas en el Consejo Palestino de Derechos Humanos (PHROC) cuya última declaración puedes leer aquí:
PHROC: El silencio de la comunidad internacional incentiva la reducción continua del espacio de la sociedad civil palestina por parte de Israel
Gravemente alarmado por la intensificación de los ataques de Israel contra los defensores de los derechos humanos palestinos y las organizaciones de la sociedad civil, el Consejo Palestino de Derechos Humanos (PHROC) condena la timidez y pusilanimidad de la comunidad internacional al abordar la campaña sistemática, prolongada e institucionalizada de Israel de señalar, deslegitimar y silenciar la oposición a las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel, en un esfuerzo por reprimir, criminalizar e intimidar a cualquiera que defienda los derechos humanos palestinos o desafíe el arraigado régimen colonial y de apartheid impuesto por Israel
Los defensores de los derechos humanos palestinos y las organizaciones de la sociedad civil han sido testigos de un alarmante aumento del hostigamiento y los ataques de Israel en el último mes. El último de estos ataques tuvo lugar en la madrugada del 29 de julio de 2021, cuando las fuerzas de ocupación israelíes (IOF) allanaron la sede de dos organizaciones de la sociedad civil palestina: Defence for Children International – Palestine (DCI-Palestine)- una organización de derechos humanos que ofrece asistencia legal gratuita, documenta violaciones del derecho internacional y aboga una mayor protección de los menores palestinos- y Bisan Center for Research and Development-una organización no gubernamental que busca desarrollar y promover los derechos socioeconómicos de los palestinos marginados- confiscando equipos informáticos, discos duros y archivos. La IOF no dejó ningún documento que enumere los artículos expropiados.
El 7 de julio de 2021 al amanecer, las IOF detuvieron arbitrariamente a la Sra. Shatha Odeh, Directora Ejecutiva de los Comités de Trabajo de Salud (HWC), una organización no gubernamental palestina de salud y desarrollo, que también fue allanada el 9 de junio de 2021, allanamiento en el que confiscaron discos duros de la organización y después del cual cerraron sus durante seis meses. De manera similar, el 7 de julio de 2021, la IOF allanó la sede de la Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC), una organización no gubernamental palestina de agricultura y desarrollo, confiscó parte de su contenido y entregó una orden militar que obligaba a la oficina a cerrar por seis meses. En particular, ambas organizaciones son organizaciones palestinas registradas, que se adhieren a las leyes palestinas. En consecuencia, la emisión de las llamadas órdenes militares de “cierre de propiedad” infringe las leyes palestinas, sin tener en cuenta los acuerdos bilaterales y el derecho internacional.
Utilizando una táctica de intimidación diferente, el Sr. Salah Hammouri, defensor de derechos humanos palestino-francés y abogado de la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros Addameer, se encuentra actualmente bajo la amenaza inminente de que se le revoquen sus derechos de residencia permanente en Jerusalén por la supuesta “violación de lealtad” al Estado de Israel. El 29 de junio de 2021, la ministra del Interior israelí, Ayelet Shaked, anunció la adopción de las recomendaciones para revocar la residencia permanente del Sr. Hammouri, confirmando sus intenciones de proceder con la aprobación del proceso.
Los ataques contra las organizaciones de la sociedad civil palestina implican que muchos palestinos protegidos que viven en todo el territorio palestino ocupado, especialmente en el Área C, donde operan HWC y UAWC, se verán privados por completo de los servicios humanitarios que solo las organizaciones de la sociedad civil pueden ofrecer, dado el aumento de los ataques de las fuerzas de ocupación y de colonos israelíes. Los niños palestinos, especialmente los detenidos, a los que DCI-Palestine proporciona asistencia jurídica gratuita, y cuyos expedientes fueron confiscados, también se verán gravemente afectados por la redada antes mencionada. Esta situación se alinea con la actual expansión de la empresa colonial israelí y la constante negación de la realización del derecho a la libre determinación del pueblo palestino.
Críticamente, esos ataques no son incidentes aislados, sino más bien parte de la política de Israel de silenciar a la oposición, que en última instancia tiene como objetivo mantener su régimen de apartheid. Los ataques contra los defensores de los derechos humanos individuales y las organizaciones de la sociedad civil palestina han sido parte integral de los numerosos intentos de Israel de reducir el espacio de la sociedad civil. Estos ataques incluyen amenazas de muerte, arrestos arbitrarios, prohibiciones de viaje, revocación de residencia, deportación, campañas de difamación.
PHROC apoya a todas las personas defensoras de derechos humanos palestinos y a las organizaciones de la sociedad civil en su oposición a la escalofriante campaña de represión y silenciamiento de Israel. Reconociendo que las medidas recientes reflejan el atroz intento israelí de frustrar el trabajo crítico de derechos humanos, PHROC hace un llamado a la comunidad internacional para que finalmente se alinee con sus obligaciones legales, y exhorte a Israel a que libere de inmediato a la Sra. Odeh, detenga sus procedimientos legales para la revocación del estatus de residente del Sr. Hammouri y ponga fin a todas y cada una de las prácticas y políticas destinadas a intimidar y silenciar a las personas defensoras de derechos humanos y a las organizaciones de la sociedad civil.
Instamos, además, a la comunidad internacional a que reconozca y aborde los esfuerzos de silenciamiento como parte del régimen de asentamiento colonial y de apartheid de Israel impuesto al pueblo palestino en su conjunto, y a que adopte medidas significativas y eficaces para garantizar la justicia internacional y la rendición de cuentas de las víctimas palestinas sin más demora.
Fuente: Mundubat
