Con Girardi transparentando su apoyo a una ley sin protección del ambiente periglaciar ni del permafrost, Allende más preocupada de las consecuencias para la minería y un oficialismo que sigue defendiendo sus intereses, la tramitación de esta ley está entrampada en la disyuntiva de prohibir o no actividades en el ambiente periglaciar y permafrost.
La penúltima sesión de tramitación de la ley de glaciares del 31 de marzo deja mucho que desear tanto la clase política como del proyecto de ley propiamente tal y de su futuro en la Comisión de Medio Ambiente. Todo hace presagiar que las comunidades deberemos seguir presionando para lograr una verdadera ley de protección, tal como lo llevamos haciendo por más de 15 años. A menos que las cosas tomen otro rumbo, una vez más tendremos que bloquear una ley que, en lugar de resguardar este preciado ecosistema, en la práctica legaliza su intervención.
La jornada partió con una impresentable jugada del oficialismo. El Gobierno y sus senadores presentaron un informe vergonzoso que da cuenta de gran cantidad de faenas mineras medianas y pequeñas, tanto en ambiente periglaciar como permafrost. Dicho informe revela que estas faenas son más destructivas de estos ambientes que las grandes empresas. Cabe destacar que esta Coordinación maneja la información de que hay por lo menos 34 proyectos mineros e hidroeléctricos ubicados en glaciares, mientras que en el cuadro comparativo de Sernageomin solo da cuenta de 14. Sin embargo, los objetivos de esta sucia jugada fue sensibilizar y asustar a estos productores, azuzándolos contra la ley de glaciares para, con ello, contar con argumentos que sigan fortaleciendo la postura de la indefensión del ambiente periglaciar y permafrost, totalmente distinto a lo que proponía el proyecto original – símil a la iniciativa de Argentina– presentada por Girardi.
Interesante es constatar que Sernageomin y el Estado conocen todos los lugares donde hay zona periglaciar y permafrost. Esto revela lo falaz del argumento que usan para dilatar su protección, según el cual para resguardarlos es necesario conocer y delimitar sus ubicaciones. Gino Casassa, director del Departamento de Glaciología y Nieves y acérrimo detractor de una ley de glaciares y de su protección, se dio cuenta rápidamente del error político, objetó el informe y solicitó su revisión con datos de la DGA. Cuando la información se necesita para sus intereses, aparece.
Un segundo momento tuvo a Girardi como protagonista. En un monólogo vergonzoso se desdijo de todos los argumentos sostenidos en reuniones previas en defensa de su proyecto, llegando a decir que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) sí protege los glaciares. Esto pese a que previamente coincidía con el análisis de las comunidades respecto a que es una falacia y que el Proyecto Pascua Lama es el ejemplo más claro: se permitió dicho proyecto con la condición de no afectar los glaciares, sin embargo, estos fueron afectados. Pero lo más grave de esta sesión fue que dejó su postura al descubierto: “Nosotros no vamos a establecer una protección absoluta al periglaciar y permafrost, como teníamos originalmente, y no va a ser la misma protección absoluta que tiene el glaciar tanto blanco como de roca, y establecimos un mecanismo de protección mediante el sistema de impacto ambiental”. “(…) los acuerdos a los que hemos llegado con el Gobierno, ha habido una flexibilidad basada en evidencia científica”.
Como coordinación venimos denunciando hace meses “una cocina” y la vuelta de chaqueta de Girardi y los senadores de oposición, quienes han sucumbido a las presiones de la minería como ha sucedido históricamente, desestimando la defensa de un proyecto que proteja realmente los glaciares en un contexto global y nacional donde urge hacerlo más que nunca.
Desoladora fue la primera intervención de la Senadora Allende, recién llegada a la Comisión en reemplazo de Elizalde. Su declaración de preocupación por los glaciares fue vacía y lo que realmente le inquieta son las consecuencias de la ley para la minería: “Entendiendo la importancia que tiene la protección para una región como Valparaíso, también necesito saber si los proyectos que son de mediano y largo plazo, digamos, quedan afectados o no afectados. Una cosa es prohibir y otra es obligarlos a una evaluación de impacto ambiental. (…)Tanto en la Región Metropolitana (Andina) como Valparaíso (CODELCO), existen proyectos en curso y ambos, minería pública y privada, tienen proyectos bastantes estratégicos. (…) Yo no sé si el Ministro de minería puede ayudarme.”
A lo que el ministro en sintonía contestó: “Hay que velar porque no sea una prohibición absoluta, y eso es un poco la gradualidad (…), es decir en los glaciares no se puede hacer nada, salvo actividades digamos científicas, o deportivas, etc. Y en el ambiente periglaciar y el permafrost hay que ir al Sistema de Evaluación Ambiental, eso es, en resumen”. Sincerando por fin lo que Piñera ha intentado ocultar todo este tiempo: ESTE GOBIERNO NO QUIERE PROTEGER LOS GLACIARES.
Por su parte, la Senadora Provoste, actual Presidenta del Senado, reiteró la defensa de su última indicación. Recordemos que esta comisión tuvo un escándalo a mitad de enero con Girardi como actor principal. Él se asesoró por el experto en glaciares Francisco Ferrando, y los senadores confiaron en que las indicaciones que ingresaron en conjunto en noviembre 2020 estaban visadas por él, pero no fue así. Ferrando nunca aprobó la permisividad de actividades en zona periglaciar y permafrost y Girardi ingresó las indicaciones con esas catastróficas flexibilidades. Provoste retomó el espíritu de las indicaciones de Ferrando y optó por proponer una “protección zonificada”, donde la intervención está prohibida en zonas de escasez hídrica, particularmente en Atacama: “…Queremos insistir en la necesidad de establecer un criterio de diferenciación en aquellos territorios, como particularmente en el caso de la región de Atacama, que exista una prohibición respecto de proyectos de inversión en el ambiente periglaciar, definiendo a este como desde el punto vista espacialmente, desde los límites de la cuenca glaciar que era algo que el profesor Ferrando también había señalado, salvo en caso de corredores trasnacionales, los cuales deberán presentar por cierto los correspondientes estudios de impacto ambiental. (…) es fundamental que exista una protección clara y que estén prohibidos los proyectos de inversión en el ambiente periglaciar en regiones como la nuestra”.
Este miércoles 14 de abril, se retomó la discusión sin mayor avance, quedándose en revisar como superar lo referido a ambiente glaciar y permafrost, se intento avanzar en las sanciones, que desde ya parecen insuficientes.
Como Coordinación de Territorio por la Defensa de los Glaciares afirmamos que la única alternativa es defender la protección de todos los glaciares y sus ambientes a nivel nacional. Si el área periglacial y permafrost no se protegen no se protegerán los glaciares ya que son parte de complejos ecosistemas interconectados. No podemos apoyar que unos territorios sí logren protección y otros no. La sequía avanza cada día hacia el sur. Un botón de muestra es el reciente decreto de escasez para las provincias de Chiloé, Llanquihue y Osorno. Necesitamos políticas que prevean el futuro, no que lleguen tarde. Finalmente, debe haber sanciones claras y concretas.
Estos antecedentes son una pésima señal de lo que podría pasar en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, donde el proyecto seguirá su discusión. Compuesta por Girardi y Allende –la supuesta oposición–, resulta difícil esperar un mejor panorama para las comunidades y los ecosistemas glaciares dependientes. Ponemos en alerta sobre esta situación a las comunidades hermanas, los pueblos y la ciudadanía de lo que pase con esta ley y a no permitir su avance si ese es el panorama. SIN GLACIARES NO HAY VIDA. No permitamos que los senadores se salgan con la suya, no política en la medida de lo posible. Exijamos un modelo de desarrollo en armonía con la naturaleza.
Fuente: Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares
