Gabriela tenía 35 años, una pareja, su hijo de 5 años y Leonor que venía en camino. El 1 de Mayo del 2020 asistió al Hospital Higueras para calmar las contracciones debido a sus 35 semanas de embarazo. Fue hospitalizada dada la sintomatología, iniciando proceso de trabajo de parto espontáneo debido a su periodo gestacional.
Al momento de iniciar el trabajo de parto se utilizó el medicamento llamado, oxitocina endovenosa con el fin de acelerar sus contracciones uterinas, aun sabiendo que ella tenía el antecedente de cicatriz de cesárea y que por lo tanto, el uso de este medicamento podría provocar rotura del útero. Consideramos que además de la negligencia de utilizar este fármaco contraindicado para ella, no se realizó vigilancia oportuna a ella ni a su bebe Leonor, ya que al momento de ser llevada a pabellón de urgencia, se constató que Leonor ya había fallecido. Por lo tanto, el diagnostico de rotura uterina ni siquiera se realizó de manera oportuna, probablemente debido a la deficiente vigilancia hospitalaria.
Por otro lado, al momento en que los médicos procedieron a realizar la cesárea, Gabriela ya había sufrido de una considerable perdida sanguínea (hipovolémica) que tuvo que ser corregida con una histerectomía (extirpación del útero). Debido a su avanzado estado de hipovolemia severa fue derivada a la UTI para su recuperación, y aunque mostró una mejoría de su estado general el día sábado, lamentablemente fallece el día domingo de un paro cardiorrespiratorio debido a shock hipovolémico. Lo cual refleja que durante su recuperación en la UCI no se logró estabilizar.
Esperamos como familia que se haga justicia por Gabriela y Leonor, y por todas las mujeres que han sufrido violencia obstétrica en los diferentes centros hospitalarios públicos. Además que se promulgue una ley que penalice la violencia obstétrica con el fin de que no hayan más casos como los de Gabriela y Leonor.
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