Durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de Chile, México y Estados Unidos advirtieron que la rápida expansión de los centros de datos está trasladando hacia América Latina los costos ambientales y sociales de la inteligencia artificial y la economía digital.
En representación de OLCA y Acción Cívica, Lucio Cuenca sostuvo que Chile ocupa una posición estratégica en esta nueva geografía de acumulación, al ser proveedor de cobre, litio y tierras raras para la transición energética y tecnológica, y al mismo tiempo se consolida como plataforma para la instalación de grandes centros de datos.
«La transición energética y digital impulsada desde el Norte Global está trasladando sus costos ambientales y sociales hacia América Latina. Chile es incorporado como proveedor de minerales y plataforma para centros de datos mediante desregulación, conflictos de interés y restricciones a la participación ciudadana», afirmó el director de OLCA.
Chile: minerales críticos y centros de datos
En este sentido, la presentación relacionó dos procesos que suelen abordarse por separado: el proyecto de tierras raras de Aclara Resources en Penco, Región del Biobío, y el Plan Nacional de Data Centers. En Penco, las comunidades han resistido durante más de una década una iniciativa que acumuló cinco tramitaciones ambientales fallidas por sus impactos sobre esteros, bosque nativo y especies amenazadas, además de los riesgos vinculados a subproductos tóxicos y radiactivos. Pese a ello, las nuevas autoridades ambientales aprobaron de forma unánime el primer proyecto de tierras raras del país.
En materia de infraestructura tecnológica, Chile alcanzó 37 centros de datos operativos en 2025. OLCA cuestionó la «alfombra roja» regulatoria que orienta a las empresas sobre terrenos, energía y conectividad, mientras abre la posibilidad de instalar estas infraestructuras sin una evaluación ambiental obligatoria. Al excluir proyectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, también se restringe el acceso a la información y la participación de las comunidades.
Cuenca también mencionó el caso de Aisén Etcheverry, exministra de Ciencia que lideró el Plan Nacional de Data Centers y antes fue gerenta de Políticas Públicas para el Cono Sur de Amazon Web Services. En 2023, la Contraloría determinó que debió abstenerse de integrar la comisión que evaluó las propuestas para constituir la Fundación Data Observatory, debido a que AWS era una de las participantes. Para OLCA, el caso evidencia los riesgos de la puerta giratoria y la falta de rendición de cuentas en las decisiones sobre infraestructura digital.
Un patrón regional de opacidad y desigualdad
Los antecedentes reunidos por las organizaciones muestran un patrón común en torno a contratos sobre terrenos, agua y energía protegidos por cláusulas de confidencialidad; incentivos fiscales negociados sin escrutinio público; debilitamiento de las evaluaciones ambientales, y concentración de los impactos en comunidades indígenas, afrodescendientes y sectores que ya enfrentan contaminación, escasez hídrica y crisis climática.
Diana Baptista, investigadora del Observatorio Latinoamericano de Centros de Datos, de México, señaló que la audiencia permitió presentar evidencia sobre «el modus operandi mediante el cual las grandes empresas tecnológicas y los gobiernos locales eluden la legislación ambiental para priorizar los centros de datos por encima de los derechos humanos de las comunidades».
Teresa Roldán, defensora ambiental de Vocer@s de la Madre Tierra, de México, sostuvo que empresas y autoridades «están actuando conjuntamente para despojar a los territorios de agua, energía, seguridad alimentaria y salud», mientras la ambición corporativa prevalece sobre la protección de las comunidades.
Desde Estados Unidos, Matthew French, abogado de ClientEarth, recordó que los centros de datos consumen enormes cantidades de agua, electricidad y territorio. «Los gobiernos deben garantizar que el desarrollo tecnológico respete los derechos humanos, en lugar de permitir que las corporaciones trasladen sus costos a las comunidades y los ecosistemas», afirmó.
Desde MediaJustice, Jacinta González advirtió que el auge de la inteligencia artificial se sostiene en procesos «fundamentalmente antidemocráticos», en los que las comunidades son ignoradas e incluso detenidas cuando rechazan los proyectos. Además, llamó a construir un movimiento internacional capaz de enfrentar el poder de las grandes tecnológicas.
Estándares regionales y moratorias
Las organizaciones solicitaron a la CIDH que encomiende a la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales el seguimiento regional de este fenómeno y que lo incorpore en su próximo plan estratégico. También pidieron un informe temático sobre infraestructura digital y derechos humanos que incluya justicia ambiental, género, pueblos indígenas y protección de las personas defensoras.
El objetivo es establecer estándares que obliguen a transparentar los contratos y el consumo de bienes comunes, fortalezcan la debida diligencia y la rendición de cuentas empresarial, aseguren evaluaciones ambientales integrales y garanticen participación comunitaria previa y efectiva. Cuando existan riesgos graves o información insuficiente, plantearon salvaguardas jurídicas estrictas y moratorias temporales para suspender nuevos proyectos hasta contar con garantías de protección.
Sebastian Smart, investigador del Centre for Access to Justice and Inclusion, del Reino Unido, calificó la audiencia como una «oportunidad histórica» para que la CIDH desarrolle estándares interamericanos sobre transparencia, evaluación de impactos, participación ciudadana y protección efectiva de los derechos humanos frente a la infraestructura de inteligencia artificial.
Las y los integrantes de la CIDH coincidieron en que la participación debe producirse antes de que los centros de datos sean construidos y antes de que gobiernos y empresas cierren sus acuerdos. «No puede haber transición justa si los territorios vuelven a ser convertidos en zonas de sacrificio y las comunidades quedan excluidas de las decisiones sobre su propio futuro», concluyó Lucio Cuenca.