Es con rabia e impotencia que recibimos la información de que ayer, el 15 de noviembre, la Comisión Europea y el Gobierno de Chile dieron término a las negociaciones de la modernización del pilar comercial del Acuerdo de Asociación. De nuevo se negocia un acuerdo comercial a espaldas de los pueblos, y esta vez abiertamente atentando contra el proceso constituyente en Chile. El acuerdo, si se llega a ratificar por los parlamentos, dificultará que se implementen los derechos sociales que esperamos que se zanjen en la nueva Constitución.
● Recordamos que las negociaciones continuaron a pesar de las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos durante la revuelta, sin participación ciudadana y transparencia. El Gobierno chileno como la Comisión Europea aceleraron el ritmo de las negociaciones ante lo que sus representantes llaman ‘un complejo ciclo electoral’, refiriéndose al proceso constitucional, las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Esto, porque sabían que el acuerdo modernizado va en sentido contrario a las demandas sociales que se han levantado desde la revuelta en 2019. Más bien, el acuerdo viene a amarrarnos a un modelo económico que está hoy día en crisis y es causante de la devastación ecológica y social en los territorios. A última hora, antes de las elecciones del 21 de noviembre, los equipos negociadores lograron finalizar las negociaciones.
El modelo económico que se busca zanjar se basa en una profunda asimetría, que mantendrá a Chile como país proveedor de los mal llamados recursos naturales e importador de productos de alto valor agregado. Algunos de los recursos más demandados por Unión Europea como el hidrógeno verde, el cobre, el litio y las tierras raras ahora son pintados de “verde” porque son indispensables para el “Pacto Verde Europeo” que ante el desafío de la crisis civilizatoria no es más que una falsa solución. No aliviará el ecocidio que generará la intensificación de las actividades extractivistas en los diversos territorios del país.
Un tercio de las inversiones extranjeras directas en Chile provienen de la Unión Europea.
Con la firma del acuerdo se busca establecer un Sistema de Corte de Inversiones (ICS, por sus siglas en inglés) que da a estos inversores derecho unilateral de demandar a los estados cuando estos actúen de maneras que interfiera con sus expectativas de ganancias, con la posibilidad de exigir indemnizaciones millonarias. Esta corte, cuya jurisprudencia estará por encima de los tribunales nacionales, seguirá asegurando a los inversionistas extranjeros por más de 20 años tras una eventual retirada del acuerdo.
Ante los intentos comunicacionales de pintar de “verde” y de “inclusivo” un acuerdo que acelerará el extractivismo, recordamos que los compromisos con la sustentabilidad, la igualdad de género y el respeto a los pueblos originarios no son vinculantes. Aún se puede frenar este nefasto acuerdo: tendrá que ratificarse en el congreso nacional en Chile y por los parlamentos nacionales en los estados miembros de la Unión Europea.
Llamamos a presionar por toda vía posible a frenar la ratificación. Adherimos a los artículos propuestos para la nueva constitución por les compañeres de Chile Mejor sin TLC para ilegalizar los privilegios de los inversores extranjeros.
Fuente: NO al TLC Europa-Chile
