Científicos apuestan por nueva ley para proteger ecosistemas costeros y disminuir el riesgo de desastre en la costa

Los expertos juntos a senadores, y representantes de ONG y Comités Ambientales Comunales del Litoral Central, proponen una normativa que sea capaz de proteger los ecosistemas marino-costeros y promover un desarrollo sostenible de nuestra costa, concordante con las necesidades y desafíos que conlleva la adaptación al cambio climático.

Con la pregunta por qué Chile necesita una Ley de Costas, un grupo de científicos con el apoyo de ONG ambientalistas y Comités Ambientales Comunales del litoral central del país, presentó en Valparaíso una propuesta de normativa, que no solo resguadar de los ecosistemas valiosos de la zona costera, también disminuya el riesgos de desastres de origen natural, que cada día “construye” Chile, al permitir la ocupación tanto legal como ilegal de la zona costera en todo el territorio.

La propuesta, consolidada en el Policy Paper ¿Por qué Chile necesita una Ley de Costas. Hacia una nueva gobernanza de la costa para el siglo XXI, los expertos indican que lo primordial en el país es cambiar el concepto de borde costero por zona costera: “Significa poder proteger más territorio, ya que el borde comprende solo 200 metros desde la orilla, mientras que la zona costera permitiría proteger cerca de cuatro kilómetros de ecosistemas costeros que incluyen campos dunares, playas, humedales y otros”, asegura Carolina Martínez, académica de Geografía UC e investigadora CIGIDEN.

Por otro lado, aclaró la senadora Ximena Órdenes, durante su intervención en el seminario que abordó la Ley de Costas en la Intendencia de Valparaíso, “resulta inédito que no tengamos una Ley de Costas que se haga cargo del medio ambiente. Hay evidencia suficiente sobre las amenazas en zonas costeras producto del cambio climático, por lo mismo debemos abordar este problema con urgencia y desde una perspectiva más integral de su gestión”.

Fragilidad y riqueza ecosistémica

Esto resulta aún más preocupante, indica el director de CIGIDEN y académico de Ingeniería UC, Rodrigo Cienfuegos, si consideramos que la zona costera constituye un espacio de enorme fragilidad y riqueza ecosistémica, pero también es la primera línea frente a tsunamis y marejadas. “La depredación urbana de playas, dunas y humedales, construye riesgos al exponer a las personas y bienes a inundaciones costeras, y además destruye la resiliencia natural de los sistemas socio-ambientales”, aseguró el experto.

El director del centro científico FONDAP, afirmó, además, que si cuidamos la naturaleza ella nos cuidará a nosotros:  “Existe amplia evidencia científica respecto de la mitigación del impacto de inundaciones que ofrece este tipo de infraestructura verde, por lo mismo, la normativa debe proteger los ecosistemas costeros y así detener su erosión”, advirtió Cienfuegos.

Por lo tanto, plantea el senador Alfonso De Urresti debe haber una protección más sistémica de nuestras costas, donde el énfasis este en el cambio climático con una perspectiva incluyente. Mientras que el senador Kenneth Pugh comentó, “que necesitamos una ley marco para administrar y gestionar de mejor manera nuestro territorio costero, considerando los desafíos que nos plantea el cambio climático”.

Desarrollo sostenible y justifica ambiental

La propuesta, explica Patricio Winckler, académico de la Universidad de Valparaíso e investigador de CIGIDEN –que realizó una presentación sobre los impactos científicos en la costa del cambio climático–, incluye una serie de principios para la formulación de Ley de Costas, entre ellas el enfoque de gestión integrada de las áreas litorales, desarrollo sostenible, justifica ambiental, y participación de las comunidades en la gestión del territorio costero.

En el documento, los expertos concluyen que resulta urgente avanzar en la promulgación de una Ley de Costas que reemplace la noción restringida de borde costero y se estructure sobre la base del concepto de zona costera, incluyendo como objeto de gestión. Esta perspectiva, aclara Carolina Martínez, “involucra grandes ventajas para articular efectivamente los instrumentos de planificación territorial, que incluya una gobernanza basada en procesos verdaderamente participativos y democráticos, que promuevan equidad y justicia ambiental en la costa de todo el territorio chileno.

Fuente: Cigiden